La historia de la artesana de Horcón que perdió su puesto en la feria por una expulsión irregular y ganó en tribunales
La historia comenzó en la Feria de Artesanos de Horcón, donde una integrante del sindicato trabajaba y formaba parte de la directiva.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, a fines de 2024, la asamblea había aprobado contratar a un contador externo para revisar la contabilidad desde 2021, tarea que se mantuvo en marcha durante varios meses.
En agosto de 2025, la documentación fue entregada a la comisión revisora de cuentas, que la tuvo en su poder por dos semanas.
El conflicto se desató el 5 de septiembre de 2025, cuando, en una asamblea ordinaria, se le acusó de no presentar presupuestos detallados ni respaldos contables, pese a que afirmaba haber entregado copias y que la comisión revisora había recibido todo el material.
Ese día la directiva fue reestructurada y ella quedó como secretaria. Luego fue citada a dos reuniones extraordinarias, el 11 y el 22 de septiembre, para entregar formalmente el cargo de tesorera.
Justificó su ausencia señalando que aún había movimientos contables en curso y que el balance final debía ser preparado por el contador. También avisó que tenía una atención médica impostergable.
A pesar de sus explicaciones, se realizó una nueva asamblea extraordinaria en la que se reiteraron las acusaciones y se sometió a votación su expulsión del sindicato.
El 23 de septiembre se le informó de la decisión a través de un mensaje enviado al teléfono de su pareja.
En el recurso de protección que luego presentó, alegó que no se respetaron los estatutos ni su derecho a defensa, y que la medida afectaba directamente su medio de subsistencia, pues los socios tienen derecho a un puesto de trabajo dentro de la feria.
El sindicato sostuvo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso que el procedimiento fue válido, que existían incumplimientos graves y que la expulsión fue acordada por mayoría conforme al estatuto. También afirmó que la vía adecuada era un juicio laboral.
La Corte rechazó esa alegación y sostuvo que el recurso de protección era procedente. Tras revisar los estatutos, concluyó que no se acreditó una citación realizada conforme a las reglas internas ni un proceso que asegurara la posibilidad de defensa.
Indicó que esto vulneró el derecho al debido proceso. Por ello, acogió la acción, dejó sin efecto la expulsión y ordenó restituirla como socia con todos sus derechos dentro del sindicato.
