Coroneles, capitanes y mayores: los carabineros investigados por viajar con licencias médicas falsas que siguen en activo
El mal uso de licencias médicas en el sector público sigue dejando esquirlas en el camino. La Contraloría General de la República ha sido la encargada de identificar el destino, la fecha y los nombres de todos los funcionarios que habrían hecho un uso indebido de estos documentos. Como era de esperarse, el informe de la entidad fiscalizadora también alcanzó a Carabineros de Chile.
En agosto de este año fueron convocados a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados —instancia creada para indagar en el mal uso de licencias médicas— tanto el general director de Carabineros, Marcelo Araya, como el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.
La invitación se produjo luego de que se remitieran los Informes Consolidados de Información Circularizada (CIC)de la Contraloría, los cuales detectaron irregularidades en distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Entre ellas, casos de funcionarios que viajaron fuera del país o visitaron casinos mientras se encontraban con licencia médica.
En esa ocasión, Araya explicó que se encontraban en curso dos sumarios administrativos. El primero involucraba a 84 funcionarios contratados en el Hospital de Carabineros, entre ellos médicos, enfermeros y personal administrativo.
El segundo sumario afectaba a 1.113 funcionarios de planta de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca). Según el jefe de la policía uniformada, 77 correspondían a personal de nombramiento supremo (oficiales), 893 a funcionarios de nombramiento institucional y 133 a civiles contratados por resolución.
La realidad en Carabineros
Si bien es necesario esperar los resultados de los sumarios para adoptar medidas definitivas, a casi cuatro meses de la entrega del informe de la Contraloría aún no existen funcionarios removidos de la institución.
Una investigación de El Desconcierto logró acceder a nombres y cargos de algunos Carabineros incluidos en el documento del ente fiscalizador. Entre ellos figuran:
Coronel Víctor Olavarría Sepúlveda, jefe de Bienes Raíces de Carabineros.
Coronel Tomás Ávila, jefe prefectura Rinconada.
Mayor Carlos Grunewald, jefe de la 20ª Comisaría de Puente Alto.
Mayor Fernando Quiniñir, jefe de la comisaría de Angol
Capitán Ikah Parada, jefa del Departamento de Inteligencia de Carabineros.
Capitán Karina Fundes, jefa del escuadrón de alumnos en la Escuela de Formación de Carabineros (Esfocar).
Capitán Sandra Torres, jefa de la 1ª Comisaría de Concepción.
Entre los destinos a los que viajaron los funcionarios mencionados se encuentran diversos países de Sudamérica y, en Europa, Francia y España.
A diferencia de los trabajadores del sector privado, los ausentismos de Carabineros son financiados con fondos fiscales a través de Dipreca. Además, la situación se agrava porque la policía uniformada se rige por el Código de Justicia Militar, por lo que hechos de esta naturaleza deberían ser sancionados con mayor severidad.
Una fuente institucional explicó a El Desconcierto que, cuando se trata de delitos con consecuencias graves —como violencia intrafamiliar o robo—, corresponde marginar de sus funciones al acusado, aun cuando el sumario administrativo esté en curso. Sin embargo, en este caso, Carabineros no habría aplicado esa sanción debido a la gran cantidad de funcionarios involucrados en salidas al extranjero.
Este medio se contactó con Carabineros para conocer la situación actual de los funcionarios mencionados. Desde la institución respondieron que “actualmente se está desarrollando una investigación sumaria administrativa para esclarecer los hechos” y que, “por encontrarse en pleno desarrollo, la institución no emitirá mayores comentarios hasta que esta concluya”.
El Desconcierto pudo confirmar que todos los funcionarios aludidos se mantienen activos en sus respectivos cargos.
Tanto Carabineros como Gendarmería concentran la mayor cantidad de casos de trabajadores que habrían salido del país mientras se encontraban con reposo: 35,9% y 35,8%, respectivamente.
Un mes después de la entrega de los informes, Gendarmería llamó a retiro a cuatro coroneles mencionados en el documento, aplicando el DFL-2, cuerpo legal que regula la carrera del personal penitenciario, debido a las exigencias propias de esos cargos.
De hecho, el director nacional (s), Rubén Pérez, comentó a La Tercera que se había instruido un proceso similar contra una teniente coronel.
“Nuestro criterio ha sido siempre garantizar el debido proceso, evaluando caso a caso los antecedentes, considerando factores geográficos y la argumentación de los propios funcionarios en su defensa”, explicó el jefe penitenciario.
Al ser consultado por estos casos, desde Gendarmería respondieron que actualmente hay 42 funcionarios bajo sumario administrativo por licencias médicas cuestionadas por su emisión. De la misma forma, explicaron que existen 4 coroneles investigados por la misma causa.
“En este último caso, los 4 oficiales se encuentran con la medida de retiro temporal no voluntario, y el sumario administrativo está en su etapa final”, afirmaron desde la institución penitenciaria.
El caso de la nueva directora de Seguridad Pública de Puerto Montt
El pasado 23 de septiembre, la mayor en retiro de Carabineros Soledad Escobar asumió como nueva directora de Seguridad Pública de la Municipalidad de Puerto Montt. La exuniformada, con más de 20 años de trayectoria, fue presentada por el propio alcalde, Rodrigo Wainraihgt.
Durante el anuncio, el edil explicó que su designación respondía a criterios técnicos y a su conocimiento del territorio.
“Ella fue carabinero, mayor, comisario; se desempeñó en varios lugares de nuestra ciudad y para mí como alcalde es importante que conozca el territorio, que sea operativa, y sé de su gran desempeño y trayectoria”, sostuvo Wainraihgt.
Sin embargo, Escobar también figura en el informe de la Contraloría como una de las funcionarias que habría salido del país mientras se encontraba con licencia médica. En concreto, la mayor viajó a otro país de Sudamérica durante el periodo fiscalizado por el organismo (2023-2024).
Según el portal de Transparencia Activa, Escobar figura como personal de planta del municipio, con una remuneración bruta de $1.086.607.
Consultada por El Desconcierto, la Municipalidad de Puerto Montt respondió que “no tenía ni tiene antecedente alguno que vincule a la directora de Seguridad Pública con los hechos mencionados”.
Además, aclararon que “al momento de asumir sus funciones, no presentaba —ni presenta actualmente— inhabilidad o incapacidad legal alguna para ejercer el cargo. Esta condición se encuentra respaldada por el decreto de retiro de Carabineros, el cual establece expresamente que Soledad Escobar no se encuentra sometida a proceso por delitos militares o comunes, ni sujeta a sumario o investigación administrativa.”
Sin embargo, en la administración pública las personas bajo sumario no son notificadas hasta que la investigación concluye. Posteriormente, y dependiendo de los resultados, se informa formalmente al funcionario afectado.
Por ejemplo, un funcionario de Carabineros que opta por el retiro puede hacerlo sin sanciones aparentes, pero si el sumario determina su responsabilidad, su hoja de vida puede ser afectada retroactivamente.
Caso licencias médicas en el Congreso
El presidente de la Comisión Investigadora, diputado Hernán Palma, comentó a este medio que el uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos y la lentitud de respuesta institucional “reafirman la necesidad de fortalecer la normativa y aumentar las sanciones”.
A raíz de esto, la semana pasada el parlamentario presentó un proyecto de ley —con apoyo transversal de la comisión— que busca endurecer las sanciones por el uso fraudulento de licencias médicas.
La iniciativa propone incorporar como causal de destitución o cesación del cargo la emisión, obtención o utilización del documento falso, además de agilizar los sumarios administrativos relacionados con estos casos.
Palma añadió que muchos procesos “se tramitan con lentitud y terminan sin sanciones, ya sea por falta de pruebas o por prescripción de responsabilidades”.
