Excandidato republicano imputado, "vacíos legales" y un ecosistema en riesgo por 50 años: radiografía al derrame en Lago Chungará
El director de Conaf en Arica y Parinacota, Lino Antezana, calificó como un “daño ambiental severo” el derrame de más de 25 mil litros de aceite de soya al Lago Chungará ocurrido el 19 de noviembre. Aunque se han desplegado acciones de emergencia, sus efectos fueron inmediatos y de gran magnitud.
Según el informe de la Seremi de Medio Ambiente, el accidente ocurrió cerca de las 19:00 horas cuando un camión se volcó en el km 179 de la Ruta 11-CH, dentro del Parque Nacional Lauca, frente al Lago Chungará, un área protegida. El vehículo —de matrícula boliviana y cargado con aceite de soya— derramó la totalidad del líquido en la carretera, los bofedales y el lago.
Un día después, la inspección en terreno detectó la muerte de una tagua gigante, tres patos jergón chico y un pato puna. En total, se registraron 80 aves afectadas. Además, se constató que los bofedales, debido a su composición esponjosa, retuvieron parte del aceite, provocando daño en seis hectáreas.
El informe advierte que en el área habitan especies en peligro de extinción, “altamente vulnerables a la disminución de oxígeno y a la toxicidad indirecta”. Los efectos incluyen asfixia en peces, anfibios y macroinvertebrados; inhibición de la fotosíntesis; y afectación a aves que entren en contacto con el aceite.
Aunque comunidades y voluntarios comenzaron a extraer manualmente el líquido, los esfuerzos fueron insuficientes. El documento exige una recuperación especializada del aceite, monitoreo quincenal del ecosistema, prohibición de dispersantes químicos y vigilancia diaria con drones. Por esta razón se contrató directamente a la empresa Spill Tech.
Sin embargo, Cristaria Troncoso de Fundación Aka Pacha —una de las primeras ONG en llegar al lugar— critica el desempeño de la empresa, acusando que los implementos utilizados no son los adecuados y han alterado el ecosistema. Además, señala que la extracción ha sido incluso menos a la realizada manualmente por los voluntarios.
Asimismo, alerta sobre la falta de centros locales para rehabilitación de fauna: “no hay un lugar de acopio y recuperación de aves. Las estaban llevando a Antofagasta e Iquique, cambiándolas drásticamente de clima y hábitat. Se necesita logística para crear un punto de recuperación, pero nadie ha prestado ese apoyo”.
Los apuntados por el derrame
La Delegación Presidencial de Arica y Parinacota presentó una querella contra el conductor del camión, Nelson Vargas, ciudadano boliviano, trabajador de Grupo de Transporte Internacional Vargas Nogales S.R.L. La acción judicial identifica como representante legal en Chile a Luis Araya Valdecchy, quien quedó con calidad de imputado.
Araya fue candidato a consejero regional en 2024 por el Partido Republicano, obteniendo 1.927 votos sin resultar electo. Entre sus antecedentes judiciales figura una demanda colectiva —interpuesta junto a ciudadanos— contra el fisco, EFE, EPA y el Gore de Arica, acusando que la venta y arriendo de terrenos fiscales vulneraba el Tratado de 1904 con Bolivia, afectando el libre tránsito comercial de camiones provenientes del país altiplánico.
El grupo cuestionó operaciones como la venta de lotes de la Maestranza Chinchorro —tasados en mil millones de pesos— y el arriendo de la estación ferroviaria por $69 millones. Argumentaron que dichas transacciones ponían en riesgo el paso de mercancías bolivianas. El Estado defendió la legalidad, respaldándose en la aprobación de Contraloría. Tras dos años de tramitación (2016-2018), la causa fue archivada.
Actualmente, Araya mantiene otra causa activa por una orden de embargo no ejecutada desde 2019, originada en una denuncia interpuesta por una trabajadora que buscaba el reconocimiento de una relación laboral. La deuda, que partió en $592 mil, ascendía a $1,1 millón en marzo.
Este medio se intentó contactar con Araya para consultar su rol en la empresa apuntada por el derrame en el Lago Chungará, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
La “zona gris” y la tensión política
El consejero regional Óscar Pantoja afirma que existe una “zona gris” legal derivada del Tratado de 1904, que limita la fiscalización de camiones bolivianos en territorio nacional. A ello suma que, al ser la normativa boliviana más laxa en esta materia, permite “ver a conductores bolivianos manejando con pocas horas de descanso, sin chofer de relevo y a exceso de velocidad”.
Asimismo el core advierte que “hay volcamientos, derrames de petróleo, aguas contaminadas y muchos accidentes en la Ruta 11-CH. No podemos seguir funcionando con un tratado de más de 120 años. Esto debe revisarse”.
La dirigenta de Aka Pacha, Natalia Gutiérrez, coincide y sostiene que este derrame es solo la cúspide de un problema reiterado: “en el último mes hubo cuatro vertimientos de hidrocarburos en ambientes de precordillera, altiplano y valles. En 2024 hubo uno que afectó el agua potable de Socoroma; hasta hoy la gente no confía en su calidad”.
Gutiérrez agrega que, en casos de hidrocarburos, la respuesta suele estar a cargo de empresas contratadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Pero en derrames de otras sustancias “no existe un protocolo efectivo desde el primer momento. Nadie ha cuantificado realmente el impacto en ecosistemas y comunidades”.
También subraya la disparidad regulatoria y comenta que “Bolivia tiene normas distintas sobre antigüedad y mantención de camiones. Chile podría exigir una homologación para su tránsito”.
Desde Cancillería respondieron que el transporte binacional se rige por el Acuerdo sobre Transportes Internacional Terrestre (ATIT) y que el libre tránsito boliviano “debe ejercerse dentro del marco jurídico del país visitado”. Añadieron que este régimen “no obsta que las autoridades competentes fiscalicen, de acuerdo con el marco jurídico, a los camiones de cualquier nacionalidad dentro de territorio chileno”.
El estado de las carreteras
Otra de las causas esgrimidas por Pantoja es el deterioro de la carreteras que día a día recorren camiones bolivianos. Ante esto señala que “la carretera no tiene las condiciones actuales. Las lluvias y el sobrepeso de muchos camiones que no respetan el tonelaje aceleran el daño”.
Natalia Gutiérrez discrepa y afirma que la tesis no es determinante: “se han hecho reparaciones en los últimos años. Aunque no están en el mejor estado, estas rutas también son usadas por camiones mineros como los de Quiborax”.
Desde el MOP sostienen que las rutas a su cargo “están en buen estado” y que los accidentes se deben principalmente a malas prácticas de conducción.
Así las cosas, el pasado miércoles la Comisión de Medio Ambiente del CORE concluyó que las repercusiones del derrame podrían extenderse por 50 años, y planteó solicitar la declaración de zona de catástrofe. Sumado a eso, se espera que el CDE presente acciones judiciales en los próximos días.
