La historia del cliente que tras una llamada falsa vio vaciadas dos cuentas por $22 millones y no logró que la Corte lo amparara
El 18 de agosto de 2025, un cliente del Banco de Chile revisó sus cuentas después de recibir una llamada que decía provenir de un ejecutivo de la entidad.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, en esa comunicación, le alertaron sobre una transferencia de $5.000.000 que él no había realizado y le ofrecieron enviarle una declaración jurada y una clave provisoria.
Tras volver a ingresar a sus cuentas más tarde, descubrió que desde su cuenta personal y desde su cuenta empresa se habían hecho giros y transferencias que no reconocía.
De inmediato bloqueó ambas y, siguiendo instrucciones, presentó denuncias policiales entre el 19 y el 28 de agosto por presunto uso malicioso de tarjetas y fraude bancario.
El afectado también entregó al Banco, el 22 de agosto, una declaración jurada para objetar las operaciones al amparo de la Ley 20.009, fijando el monto desconocido en $22.175.000.
Sin embargo, el 16 de septiembre la institución le comunicó por correo que su reclamo sería rechazado, detallando diversas operaciones realizadas los días 18 y 19 de agosto que él insiste en que nunca autorizó.
Según sostuvo en el recurso, las transferencias cuestionadas estaban dirigidas a terceros sin relación con él y no recibió las claves necesarias para aprobarlas, lo que, a su juicio, evidenciaba problemas de seguridad en el sistema del Banco y afectaba su derecho de propiedad sobre los fondos sustraídos.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso revisó el caso, en el que también constaba el informe presentado por el Banco de Chile.
La entidad señaló que, según sus registros, el monto efectivamente objetado alcanzaba a $17.623.574, pues parte de los cargos correspondía a movimientos entre productos del propio cliente.
Expuso además que todas las operaciones se realizaron mediante autenticación reforzada, que incluyó el uso del Digipass en cinco oportunidades y claves enviadas al celular del usuario.
Recordó que ya había abonado 35 UF el 3 de septiembre, conforme exige la Ley 20.009, y que el 16 de septiembre presentó la demanda especial del artículo 5 ante el Juzgado de Policía Local de Algarrobo, donde el cliente compareció representado por un abogado.
Al resolver, la Corte concluyó que no existía un derecho claro que permitiera ordenar por esta vía la restitución de los $22.175.000 reclamados.
Destacó que el caso presenta versiones contradictorias sobre cómo se hicieron las transacciones, si hubo o no intervención de terceros y si existió culpa grave del usuario, asuntos que necesitan un juicio con prueba y debate.
Además, la Sala recalcó que el Banco ya activó el procedimiento especial destinado a aclarar estos hechos. Por todo ello, rechazó el recurso de protección sin ordenar costas.
