Funcionaria de Armada fue acusada de “baile provocativo” y sancionada tras denunciar violación: Corte declara violencia institucional
Durante una actividad interna de la Armada realizada en Valdivia, una suboficial perdió el conocimiento luego de ingerir una bebida preparada por mandos superiores.
En ese estado, según su denuncia, fue agredida sexualmente por un superior jerárquico.
Tras intentar reportar lo ocurrido dentro de la institución, en vez de recibir apoyo fue sometida a un proceso disciplinario que terminó acusándola de “abuso de confianza” y de haber realizado un supuesto “baile provocativo” frente al mismo superior que ella sindicó como agresor.
Como parte de la sanción, se le prohibió portar armamento, hacer guardias y desempeñar funciones normales, quedando relegada solo a labores administrativas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de protección en su favor ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, denunciando que la institución la responsabilizó de “propiciar” la agresión sexual y aplicó medidas disciplinarias basadas en prejuicios y estereotipos de género.
En paralelo, se cuestionó que la Armada utilizara figuras disciplinarias por analogía, sin sustento en su propio reglamento, y que evaluara su conducta con un estándar moral ajeno a las normas institucionales.
La Corte acogió el recurso y concluyó que la actuación de la Armada estuvo influida por una cultura organizacional marcada por prácticas patriarcales, tolerancia frente a conductas sexuales inapropiadas y un trato discriminatorio hacia las mujeres que denuncian abusos.
El tribunal afirmó que la suboficial fue sancionada como si hubiera tenido responsabilidad en los hechos, pese a encontrarse privada de sentido y sin capacidad de consentir o rechazar la agresión.
También observó que las medidas disciplinarias se basaron en prejuicios y moralidades preconcebidas, configurando violencia institucional de género.
El fallo ordenó eliminar completamente las sanciones aplicadas, sin dejar rastro en ningún registro público, privado o reservado.
Dispuso restituir todas sus funciones, salvo contraindicación fundada por dos especialistas en salud mental —uno de ellos externo a la institución— y mandató a la Armada, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a implementar medidas de detección, prevención y corrección de situaciones de acoso, discriminación o violencia de género, junto con capacitaciones obligatorias y acciones afirmativas.
Además, instruyó al Ministerio de Defensa revisar y adecuar el Reglamento de Disciplina de la Armada para ajustarlo a la legislación vigente y remitió los antecedentes a la Contraloría para que investigue eventuales inconductas funcionarias en el proceso disciplinario aplicado.
