Concejales consultaron por test de drogas tras recibir oficio municipal: Contraloría descarta obligación para ellos
La consulta surgió luego de que dos concejales de Lampa y Cerrillos recibieran un oficio donde se informaba sobre la aplicación del test de detección de drogas a directores municipales, documento que además habría extendido la invitación a los integrantes del concejo.
Para despejar dudas, solicitaron a la Contraloría precisar a quiénes alcanza realmente esta obligación.
El dictamen revisó primero la normativa aplicable. Según el artículo 55 bis de la Ley 18.575, quienes ejercen altos cargos directivos en la Administración del Estado no pueden presentar dependencia de drogas ilegales, salvo por tratamiento médico.
Esa misma ley ordena implementar controles conforme a un reglamento, detallado en el decreto 1.215 de 2006 del Ministerio del Interior.
Dicho reglamento exige que estos exámenes sean aleatorios, reservados y realizados respetando la intimidad y los datos personales.
Al analizar estas disposiciones, la Contraloría reiteró su jurisprudencia previa: el test solo es obligatorio para directivos superiores hasta el grado de jefe de división o su equivalente.
En el ámbito municipal, esa categoría corresponde exclusivamente a los directores y a cargos equiparables.
No incluye a los concejales ni al resto de los funcionarios municipales. Esta interpretación ya había sido confirmada en los dictámenes 46.049 de 2016 y 7.156 de 2020.
El documento también aclaró que el oficio de 2025, enviado recientemente a todos los municipios, no modificó el alcance del control ni ordenó nuevos exámenes.
Su finalidad era únicamente recopilar información sobre políticas internas de prevención del consumo de sustancias.
En su conclusión, la Contraloría señaló que el test de drogas debe aplicarse solo a quienes ocupan cargos directivos definidos en la ley y el reglamento, descartando cualquier obligación para los concejales.
Además, recordó que estos controles deben aplicarse de forma aleatoria, reservada y siguiendo estrictamente las normas sobre protección de datos personales.