La historia del vecino que enfrentó cuentas millonarias y corte de gas: Corte exige restitución y refacturación completa
Un arrendatario de un departamento en Las Condes comenzó a enfrentar, desde 2022, cuentas de gas que no coincidían con el uso habitual de su hogar.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, como pasaba la mayor parte del día fuera por trabajo y el medidor estaba dentro del departamento, no podía verificar las lecturas.
Con el tiempo, las boletas empezaron a mostrar consumos que él consideraba imposibles, sobre todo porque el medidor instalado tenía más de 35 años.
Frente a los montos crecientes, presentó una serie de reclamos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), pidiendo revisar la medición.
La SEC analizó los antecedentes entregados por la empresa y concluyó que no había certeza suficiente sobre la correcta medición del consumo.
En agosto de 2024 emitió un oficio, instruyendo a Abastible a refacturar las boletas objetadas usando consumos de meses semejantes de años anteriores.
La empresa interpuso un recurso de reposición, pero fue rechazado en noviembre de ese mismo año, quedando firme la obligación de refacturar.
Pese a eso, el 4 de diciembre de 2024 Abastible cortó el suministro de gas y notificó formalmente al usuario en enero de 2025.
La empresa sostuvo ante la Corte que el recurso de protección no era la vía adecuada, que existían procedimientos administrativos y judiciales propios para discutir facturación y que ninguna garantía constitucional había sido vulnerada.
Afirmó haber realizado pruebas técnicas desde 2023 a 2025 —incluyendo exámenes de hermeticidad y una prueba con medidor patrón— que descartaron fugas o fallas.
Incluso mencionó una posible intervención de terceros tras un corte, y señaló que la deuda acumulada era de más de $13 millones, lo que a su juicio mostraba consumo real.
La SEC también entregó informe. Confirmó que el usuario había reclamado reiteradamente y que, aunque las pruebas técnicas no mostraron pérdidas, la empresa no logró acreditar de manera suficiente la correcta medición y facturación.
Por eso dispuso la refacturación y luego reiteró esa instrucción al constatar que Abastible no había cumplido completamente con lo ordenado.
En abril de 2025 la SEC decidió abstenerse de conocer nuevas presentaciones debido a que el caso ya estaba judicializado.
La Corte de Apelaciones de Santiago centró el análisis en un punto: la existencia de una orden administrativa vigente que instruyó refacturar, y el incumplimiento prolongado por parte de la empresa.
El tribunal señaló que, debido a ese incumplimiento, la SEC no ha podido verificar técnicamente si los consumos cobrados corresponden a un uso domiciliario normal.
Al mismo tiempo, el corte de suministro se realizó cuando aún no había un pronunciamiento definitivo de la autoridad sectorial sobre la facturación impugnada.
Con estos antecedentes, la Quinta Sala concluyó que la actuación de la empresa afectó garantías constitucionales protegidas por los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución, especialmente porque el corte privó al usuario de un servicio básico mientras aún estaba pendiente la revisión técnica ordenada por la SEC.
Por ello acogió el recurso y ordenó a Abastible restituir de inmediato el suministro de gas, refacturar en los términos que estableció la SEC y enviar los antecedentes a la autoridad para que emita un nuevo pronunciamiento definitivo.
