El entramado societario detrás de los imputados en el caso de la muñeca bielorrusa: abogados, conservadores y un exdiputado
La tarde del pasado miércoles, la Fiscalía de Los Lagos presentó una querella por capítulos contra la exjueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco, removida de su cargo tras su cuestionado actuar en causas tramitadas en el máximo tribunal.
Este tipo de acción judicial permite formalizar a un miembro del Poder Judicial —similar al desafuero parlamentario— y faculta a la Fiscalía para solicitar medidas cautelares personales. En este caso, Vivanco fue acusada de cohecho, soborno, lavado de activos, tráfico de influencias y otros delitos vinculados al litigio entre el Consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco, causa que terminó con un pago superior a $17 mil millones por parte de la estatal.
Según el Ministerio Público, Vivanco favoreció a CBM con su voto en más de una ocasión. Los abogados de la empresa habían interpuesto recursos de protección y reposición ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, ambos rechazados. Sin embargo, al llegar el caso a la Corte Suprema, la magistrada habría intervenido a favor de la parte demandante: el 24 de enero el recurso fue declarado inadmisible mientras ella estaba con feriado legal, pero el 8 de febrero, ya reincorporada, votó por su admisibilidad.
Los representantes de CBM —protagonista del caso de la muñeca bielorrusa— eran los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Las indagatorias de la Fiscalía establecieron una relación de amistad entre ellos, la exjueza y su esposo, Gonzalo Migueles, vínculo que se habría traducido en millonarios pagos encubiertos.
Sociedades cruzadas y vínculos políticos
El martes por la noche, la Policía de Investigaciones allanó el domicilio de Vivanco y detuvo a Vargas y Lagos. Migueles se entregó voluntariamente horas más tarde. Escuchas telefónicas, análisis de cuentas bancarias y georreferenciación de los implicados sustentaron las órdenes de arresto.
De acuerdo a lo planteado por el Ministerio Público, Vivanco y su marido recibieron al menos $57 millones por favorecer a CBM, en la trama de la muñeca bielorrusa. Tras el fallo del 28 de septiembre de 2023, Codelco transfirió $4.400 millones a CBM; de ellos, $800 millones pasaron a Movitec, que a su vez pagó $198 millones a la sociedad Lagos, Vargas y Silber Asesorías Jurídicas. Desde esa cuenta salió el primer pago a Vivanco: USD 14.000 (unos $14 millones), retirados por Migueles.
El esposo de la exjueza mantiene la sociedad Quavaliere SpA, creada en 2023 junto a Héctor García y Martín Sekler con un capital de $10 millones. Por su parte, Vargas y Lagos figuran en varias firmas: Lagos Asesorías Legales Limitada, Vargas Asesorías Legales Limitada, Sociedad Inmobiliaria Vargas Cociña Compañía Limitada e Inmobiliaria Demaos Limitada.
De manera solitaria, Vargas figura como representante legal de Sociedad Inmobiliaria Vargas Cociña Compañía Limitada e Inmobiliaria Demaos Limitada, junto a Jorge y Gloria Cociña y Óscar Vargas, respectivamente.
Por su parte, Lagos Herrera aparece vinculado a Agrícola Lagos SpA, Carlos Lagos Herrera Servicios & Transportes Nueva Vía E.I.R.L. y Acevedo, Mozó y Asociados SpA, esta última junto a Luis y Christian Acevedo, aunque el SII registra una alerta de “contribuyente no encontrado”. Esta alerta es emitida cuando el Servicio no puede constatar el domicilio o la actividad realizada por la firma, no obstante, esta empresa presenta documentos timbrados este año.
Ambos abogados además comparten una sociedad con el exdiputado DC Gabriel Silber —esposo de la senadora Loreto Carvajal— denominada Lagos, Vargas y Silber Asesorías Jurídicas. Durante su paso por el Congreso, Silber integró comisiones de Trabajo, Derechos Humanos, Pueblos Originarios y Minería.
Imágenes extraídas del celular de Vivanco, a las que tuvo acceso El Desconcierto, muestran registros de reuniones sociales en las que participan Vivanco, Silber, Carvajal, Migueles y Mario Vargas. Ese material respaldó la hipótesis de la Fiscalía sobre una relación personal entre los involucrados.
La ruta de los pagos
El Ministerio Público identificó tres desembolsos vinculados al caso. El primero fue de USD 14.000, proveniente de los honorarios legales. El segundo ocurrió luego de que la Corte de Apelaciones de Copiapó, con revisión de la Suprema, ordenara a Codelco pagar $1.000 millones adicionales. Un día después de la sentencia, el 17 de mayo, Mario Vargas solicitó que el dinero se depositara en su cuenta personal del Banco Itaú. Un mes más tarde, entregó $45 millones en efectivo a Migueles como compensación por los favores de Vivanco.
Durante la formalización, la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer reveló un tercer pago: antes de la transferencia en dólares, Vivanco habría acudido personalmente a las oficinas de Vargas y Lagos para retirar USD 15.600.
El Ministerio Público también indaga el mecanismo de lavado de dinero utilizado. Según la querella, Harold Pizarro Iturrieta, otro de los imputados, sugirió girar un cheque por $70 millones a nombre de su hijo, Cristián Pizarro Cornejo, desde la cuenta de Lagos, Vargas y Silber Asesorías Jurídicas Limitada.
Pizarro Cornejo cobró el cheque y entregó el dinero a su padre, dueño de Inversiones Suiza Limitada, casa de cambio que convirtió los $70 millones en USD 79.908. Pizarro Iturrieta, detenido en 2021 por contrabando de oro —y defendido entonces por Vargas y Lagos—, habría entregado posteriormente los dólares a los abogados, quienes destinaron parte de ellos al pago a Vivanco y Migueles.
Con esos fondos, el matrimonio viajó a Argentina y Brasil entre el 22 de diciembre de 2023 y el 27 de enero de 2024.
La ruta de los $45 millones
La trazabilidad de los $45 millones siguió un camino más complejo. Según un oficio citado por The Clinic, el abogado Carlos Lagos Herrera giró un cheque por $50 millones, de los cuales “al menos $44 habrían sido depositados en la cuenta corriente del investigado Víctor Gonzalo Migueles Oteiza en el Banco de Crédito e Inversiones”.
El dinero, convertido en efectivo, fue entregado por Migueles al Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yaber Lozano, quien mantenía una relación laboral y de confianza con él. Migueles trabajó en esa institución como gerente de Recursos Humanos desde 2018 hasta diciembre de 2024, cuando dejó el cargo tras un acuerdo con Yaber.
El Conservador de Puente Alto figura como socio en Inmobiliaria e Inversiones Santa Blanca SpA e Inversiones Emegeme SpA, esta última junto al notario Francisco Leiva —hermano del diputado socialista Raúl Leiva— investigado por sus comunicaciones con el exjuez Poblete.
La firma entre Yaber y Leiva no cuenta con inicio de actividades en el SII, sin embargo, Carlos Moreno —abogado tributario— explica que esto no es sinónimo de que la empresa esté inactiva. "La sociedad puede recibir más aportes sin problemas, los que constituirán capital, y no necesariamente obligan a que la sociedad deba dar inicio de actividades", comenta el jurista.
El peritaje del OS7 de Carabineros al teléfono de Vivanco halló capturas de pantalla de conversaciones y reuniones con parlamentarios y funcionarios judiciales. En un grupo llamado “Proyecto Nuevo CBRS” aparecían los nombres de Francisco Leiva y Francisco Cruz, abogado integrante de la Corte de San Miguel.
Según la Fiscalía, el propósito era respaldar el nombramiento de Yamil Najle como Conservador de Osorno.
La participación del Conservador de Chillán
Najle, también imputado, habría participado en la segunda fase del lavado de los $45 millones. De acuerdo con su propio testimonio ante la Fiscalía —al que accedió El Desconcierto—, recibió seis transferencias entre el 17 y 18 de junio de 2024 desde cuentas ligadas a Yaber y Migueles.
“No recuerdo exactamente si fue Sergio Yaber o Víctor Migueles quien me dijo que me transferirían, pero sí puedo señalar que fue uno de ellos, incluso puede ser que ambos. Recuerdo que ese dinero, posteriormente, debía transferirlo a Víctor Migueles Oteiza”, declaró Najle.
Tras recibir los fondos, el Conservador transfirió la totalidad a su empresa Yamil Najle Empresa Periodística E.I.R.L., la cual luego envió $45 millones a Migueles. Afirmó haberlo hecho “como un favor”, aunque reconoció que la solicitud le pareció extraña, pues ambos implicados tenían cuentas en el Banco BCI y podían realizar la operación directamente.
Najle figura además como titular de Combustibles Bek SpA, Inversiones Yamil Najle Alee E.I.R.L. y Empresa Periodística El Heraldo Ltda., esta última la sociedad que recibió los pagos.
Consultado sobre estas operaciones, Yaber declaró que Migueles y Vivanco viajaban constantemente y, en ocasiones, le vendían dólares sobrantes. “En esa oportunidad, Gonzalo llegó a la oficina con aproximadamente entre USD 20.000 y USD 25.000. Me los vendió para un viaje y me pidió que transfiriera el dinero a Yamil Najle, ya que tenía una deuda con él”, explicó.
Finalmente, Yaber aseguró que, tras la difusión mediática del caso, solo mantuvo contacto con Migueles “por motivos laborales y por humanidad de una amistad que no era tal y nunca existió”.
Con todos los antecedentes recopilados, este martes la justicia continuó con la formalización de los tres imputados por cohecho, lavado de activos y soborno en el denominado caso "muñeca" bielorrusa.
Desde la defensa acusan falta de prolijidad en las diligencias realizadas por el Ministerio Público. De hecho, fue la misma magistrada quien emplazó a la parte demandante de "hacerse cargo de todas las observaciones" que plantearon los abogados de los imputados en el caso muñeca bielorrusa. La formalización continuará el miércoles 12 de noviembre.
