Cuando el saber se levanta sobre el despojo
Durante los últimos días se ha anunciado la firma de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Sin embargo, pese a este alto al fuego, los ataques y asesinatos contra el pueblo palestino en Gaza continúan. Los titulares hablan de tregua, pero la masacre, sigue. La palabra “paz” parece repetirse sin territorio donde asentarse.
He pensado entonces en el lugar desde el cual actuamos quienes trabajamos con la información, la memoria y el conocimiento público. El conocimiento no es neutro: también se produce desde jerarquías, silencios y exclusiones. Y es ahí donde se juega nuestra responsabilidad.
Qué responsabilidad tenemos las y los bibliotecarios cuando el acceso a la información, esa misma que defendemos como un derecho humano, ¿está atravesado por estructuras económicas y políticas que reproducen desigualdad? No basta con observar los convenios que cada universidad estatal o institución pública mantiene con Israel; hay que mirar con qué empresas nos vinculamos, qué tecnologías adoptamos y qué memorias se esconden bajo la infraestructura que habitamos.
La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, como muchas otras en el mundo, utilizan el software Alma, desarrollado por la empresa israelí Ex Libris (Clarivate). Lo que pocas veces se menciona es que esta compañía tiene su sede en un terreno cargado de historia: Al-Maliha, una aldea palestina despojada durante la Nakba de 1948, cuando más de 750.000 personas fueron expulsadas de sus hogares y más de 500 aldeas destruidas.
Hoy, ese mismo lugar es el Parque Tecnológico de Jerusalén, donde Ex Libris instaló su centro corporativo.
La infraestructura del conocimiento se levanta, literalmente, sobre los cimientos del despojo.
Alma es, sin duda, un software robusto y eficiente. Pero la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿a qué costo ético y político operan esas tecnologías? ¿Qué significa que nuestras instituciones financien, directa o indirectamente, empresas que se benefician de la ocupación y el genocidio?
Hace unos días, el Ministerio de Cultura de España anunció que reemplazará el software israelí Ex Libris en la Biblioteca Nacional, incorporando criterios éticos en sus licitaciones.
La medida surge tras la presión de más de 500 profesionales del ámbito bibliotecario, que exigieron transparencia y responsabilidad en la contratación pública.
No es un simple cambio de proveedor, sino una decisión que reconoce que toda infraestructura cultural es también una declaración política.
Nuestra labor, profundamente ligada a los derechos humanos, la educación pública y la preservación de la memoria, nos convoca a mirar con conciencia las herramientas que utilizamos y las estructuras que sostenemos.
Las bibliotecas no son espacios neutrales dentro de las instituciones: pueden funcionar como engranajes de reproducción del poder o como lugares que lo interpelan. Su papel no se define por la retórica de la neutralidad, sino por las decisiones políticas que las sostienen.
