Fernández Fica S.A.: La otra firma del dueño de empresa del SIMCE fallido ha ganado más de $260 millones en contratos estatales

Para el 22 y 23 de octubre estaba contemplada la realización de la prueba estandarizada SIMCE para alumnos de 8° básico en distintos colegios de la Región Metropolitana. El proceso, que ya causaba dudas debido a que no todos los examinadores externos habían recibido la capacitación correspondiente, se agudizó con la inasistencia de estos a los recintos educacionales.

Lo ocurrido provocó que la medición no pudiera ser rendida y obligó a la Agencia de Calidad de la Educación a buscar una nueva fecha para reagendar la prueba. En entrevista con La Tercera, el secretario ejecutivo de la Agencia, Gino Cortez, comentó que los posibles días para llevar a cabo la evaluación son el próximo 28 y 29 de octubre; el 5 y 6 de noviembre; o el 11 y 12 del mismo mes. Aunque precisó que las fechas pueden estar sujetas a cambios según cada sostenedor.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. Desde el mundo político, los coletazos no se hicieron esperar, y fueron los alcaldes de las comunas afectadas quienes salieron a recriminar lo ocurrido.

El alcalde de Huechuraba, Felipe Alessandri, comentó que “nuestros alumnos de octavo básico se habían preparado para rendir la prueba SIMCE. Estaban listos desde las 8 de la mañana esperando a los examinadores, y no llegaron. Una nueva improvisación, falta de coordinación, y es una afrenta a la educación pública, porque a otros colegios privados sí llegaron”.

Reacción similar tuvo su homólogo de Providencia, Jaime Bellolio, quien señaló que “las comunidades escolares se prepararon durante el año completo. El que no se preparó, evidentemente, fue el gobierno”.

El round entre el Mineduc y la empresa proveedora

Ante la situación, la reacción del gobierno no se hizo esperar, y acusaron que la falla había sido responsabilidad de la empresa proveedora de los servicios, INFER. “En las bases de licitación se contemplan una serie de consecuencias y sanciones que vamos a implementar como institución, y que son las más severas en este caso. Esto nos va a permitir también asegurar una correcta implementación del proceso”, explicó Cortez.

Por su parte, la empresa acusada argumentó que la falla —que afectó a poco más de 218 cursos— se habría originado porque los examinadores se encontraban enfermos. Lo dicho por INFER no tardó en ser desmentido por las mismas personas seleccionadas.

“Quedé seleccionada y hasta hoy no me llaman. Hablan de que no llegaron los examinadores, siendo que somos varios a quienes no nos asignaron nunca el colegio, pese a estar seleccionados”, relató una de las examinadoras.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, también fue tajante en su postura y, en conversación con El Desconcierto, afirmó que lo comunicado por INFER no es “ninguna explicación muy valiosa o que me parezca legítima. Como que las personas no habían llegado, que les habían ofrecido otro trabajo, que habían tenido problemas. Nada que nos parezca aceptable”.

Asimismo, confirmó que se ejecutará un sumario administrativo y que la empresa será sancionada con todas las multas correspondientes. Cabe mencionar que la prueba SIMCE también requirió la contratación de otras empresas que sí cumplieron con lo dispuesto en la licitación.

Las tres empresas fueron: Servicios de Logística Educativa Limitada, a la cual se le pagaron $848 millones; Ubix Tecnología SpA, con $3.500 millones; y INFER Ltda., firma que recibió $3.800 millones.

Quiénes están detrás de INFER y sus otros negocios con el Estado

INFER, o Ingeniería e Inversiones Fernández Limitada, es la empresa apuntada por el fallo en la aplicación de la prueba SIMCE. En 2024, el 45% de su propiedad se dividió entre dos firmas: Impulsa Inversiones SpA e Impulsa Inversiones 2 SpA, ambas respaldadas por un complejo engranaje societario.

Desde 1996, fecha de constitución de la empresa, su principal dueño ha sido José Luis Fernández Sanhueza. Según se aprecia en su página web, INFER “es una empresa de ingeniería y logística orientada a satisfacer de manera integral los requerimientos de nuestros clientes, entregando servicios y soluciones confiables, oportunos, eficaces y eficientes que garanticen los servicios solicitados y el funcionamiento de los sistemas diseñados”.

De la misma forma, se señala que INFER nace al alero de Fernández Fica S.A., empresa de ingeniería eléctrica y electrónica fundada en 1968. Dentro de las compañías ligadas a José Luis Fernández se encuentra Inmobiliaria e Inversiones Louta Limitada, principal controladora de Fernández Fica S.A. desde 2024.

Pese a que dicha firma está integrada por varios socios, José Luis Fernández figura como representante legal de Fernández Fica S.A. La empresa, desde 2019, ha ejecutado un total de 100 órdenes de compra con distintos organismos estatales.

Este año, la compañía ha abastecido en dos ocasiones al Hospital Gustavo Fricke, la última el 16 de este mes, por un servicio de mantenimiento eléctrico vía trato directo avaluado en $9,5 millones. En abril, producto de una reparación de equipos, cobró otros $6 millones.

Mediante dos tratos directos también brindó servicios similares al Hospital de La Serena; entre ambas órdenes de compra, Fernández Fica S.A. recibió casi $13,9 millones.

Sin embargo, la contratación más costosa provino del Servicio de Impuestos Internos (SII), que en junio solicitó la extensión del contrato correspondiente a los “servicios de soporte y mantención preventiva y correctiva de dos stacks de UPS” ubicados en Teatinos. En simple, se trata del mantenimiento de un sistema de energía ininterrumpida que mantiene el funcionamiento de los equipos cuando se corta la electricidad.

El contrato entre el SII y Fernández Fica S.A. abarca 48 meses y está avaluado en 6.111 UF, es decir, $238 millones, los cuales se dividen en $19 millones para 2025; $58 millones para 2026, 2027 y 2028; y $44 millones para 2029.

De esta manera, la firma de José Luis Fernández ha firmado contratos con el Estado por un total de $267,4 millones.