Funcionarios de Mejor Niñez denuncian colapso estructural tras grave agresión a joven que quedó parapléjico
Un adolescente gravemente herido y un sistema colapsado. Esa es la realidad que denunció este fin de semana el Directorio Regional Metropolitano de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ANTRAP), tras el violento episodio ocurrido el pasado jueves 16 de octubre en la residencia Casa Esperanza I, dependiente de la Fundación Chilena para la Discapacidad.
En esa jornada, un adolescente resultó gravemente herido luego de ser agredido por otro joven dentro del recinto.
Para los funcionarios, este hecho “viene a develar la devastadora situación proteccional de los niños, niñas y adolescentes de la Región Metropolitana, además de una nueva muestra del fracaso estructural del modelo de protección externalizado que opera en nuestro país”.
A través de una declaración pública, la organización advirtió sobre la crítica situación que se vive al interior de los programas de cuidado alternativo residencial, muchos de los cuales —aseguran— operan con sobrecupo, falta de personal y escasas condiciones técnicas.
“La situación actual fue proyectada y advertida por los funcionarios de las diferentes unidades técnicas a la autoridad regional, y pese a ello, permitió que continuaran funcionando, existiendo vulneraciones de derecho graves en niños y adolescentes en un contexto donde se debía entregar protección”, sostuvieron.
Aseguran además que, en la actualidad, existe una “numerosa lista de espera para el ingreso a cuidado alternativo residencial y programas ambulatorios, quedando completamente desprotegidos y a merced de las vulneraciones que decretaron su ingreso al sistema de protección”.
Desde ANTRAP exigieron que las autoridades pertinentes —en particular la dirección regional del Servicio— asuman sus responsabilidades administrativas.
“No fuimos escuchados, pero reafirmando nuestro compromiso con la restitución de derechos de NNA, manifestamos un rechazo absoluto a la invisibilización de los problemas estructurales que hoy aquejan a la infancia y al Servicio”, señalaron.
También criticaron directamente a la administración central del organismo estatal:
“Resulta inaceptable que, bajo la administración del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, persistan situaciones que vulneran de manera sistemática los derechos consagrados en la Ley N° 21.302, que establece la obligación del Estado de garantizar un sistema de protección integral y especializado, y en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile”.
Y agregaron: “Nos detenemos en la responsabilidad que poseemos al ser funcionarios públicos y alzamos la voz ante la misión que le corresponde al servicio de protección especializada a la niñez y adolescencia: ‘Somos la institución del Estado dedicada a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados…’”.
Urgencia presupuestaria y estado de alerta
Ante este escenario, desde ANTRAP pidieron que la discusión presupuestaria del servicio ponga el foco en lo que llamaron “una pandemia silenciosa” que atraviesa el sistema de protección.
Además, hicieron un llamado directo a la ministra de Desarrollo Social y Familia y a las autoridades del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia a entregar respuestas claras sobre las graves falencias denunciadas.
Finalmente, convocaron a instituciones clave del país —como Tribunales de Familia, ministerios, municipios y organismos especializados— a garantizar y respetar la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez. “No podemos fracasar con quienes prometimos proteger”.
Por ahora, advirtieron que los funcionarios y funcionarias de ANTRAP “se encuentran en estado de alerta, ante las vulneraciones de niñas, niños y adolescentes”.
