El caso del Capitán de Carabineros que golpeó en comisaría a detenido en estallido social y recibió libertad vigilada
Durante el estallido social de 2019, un hombre fue detenido por Carabineros en San Bernardo y trasladado a la 14ª Comisaría.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, al llegar, el entonces capitán Rodrigo Sanzana le dijo que “lo iban a torturar” antes de empujarlo desde el carro policial, mientras otro funcionario lo lanzaba al suelo.
Ya esposado y reducido, fue golpeado en el rostro y cuerpo, resultando con hematomas, heridas cortantes y una pieza dental rota. La agresión ocurrió frente a varios policías que no intervinieron.
Por estos hechos, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo condenó a Sanzana a tres años de presidio menor en su grado medio, pena sustituida por libertad vigilada, y a la suspensión de cargo público durante el mismo periodo.
También fue condenado el sargento segundo Luis Oliva a 800 días de presidio menor, igualmente con libertad vigilada.
La defensa de Sanzana recurrió a la Corte Suprema alegando que no se acreditó la infracción de un reglamento, exigencia incorporada por la Ley N°21.560 de 2023 al artículo 150 D del Código Penal.
Sin embargo, la Segunda Sala del máximo tribunal —integrada por las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y María Soledad Melo, junto a los abogados integrantes Pía Tavolari y Eduardo Gandulfo— rechazó el recurso.
El fallo estableció que “el actuar del acusado se realizó en incumplimiento de los reglamentos que rigen su desempeño, por cuanto no existe normativa que lo autorice a utilizar fuerza en contra de una persona detenida, esposada y reducida”.
Además, la Corte recordó que “las acciones del acusado excedieron el uso normal y prudente de la fuerza física, por lo que son transgresoras y no se encuentran autorizadas por la ley”.
En su resolución, la Suprema concluyó que las agresiones de Sanzana constituyeron un trato inhumano e injustificado, cometido “mientras la víctima se encontraba en el suelo, rodeada de varios funcionarios policiales”.
Por ello, confirmó íntegramente la sentencia del Tribunal de San Bernardo, desechando el argumento de que la modificación legal pudiera favorecerlo.
La condena se dictó a casi seis años del hecho, ocurrido el 21 de noviembre de 2019, en el contexto de las protestas del estallido social, del cual mañana se cumplen seis años.
