Fue despedido tras ser acusado de empujar a su jefe: Tribunal declaró despido injustificado y ordenó pagarle $15 millones
En febrero de 2025, un trabajador con más de once años de antigüedad en una empresa acuícola de la Región de Los Ríos fue despedido tras un altercado con dos de sus superiores.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el conflicto comenzó cuando solicitó una carretilla para mover sacos de alimento y ambos jefes comenzaron a grabarlo con sus teléfonos, increpándolo y bloqueándole el paso.
Aseguró que solo los empujó para poder retirarse del lugar y evitar mayores enfrentamientos.
A raíz de lo ocurrido, acudió al médico, quien le otorgó una licencia por estrés, y luego fue atendido en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), donde se le extendió un reposo médico adicional hasta el 24 de febrero.
Sin embargo, al reincorporarse el día 25, fue despedido por la empresa, que le imputó la causal de “vías de hecho” del artículo 160 N°1 letra c) del Código del Trabajo, acusándolo de agredir físicamente a un jefe y a un capataz.
El trabajador negó los hechos y sostuvo que la empresa no realizó investigación alguna antes de despedirlo.
A través de su abogada, interpuso una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y, en subsidio, una demanda por despido injustificado, argumentando que fue hostigado y grabado sin su consentimiento.
Durante el juicio, la empresa afirmó que el trabajador llegó ebrio al lugar, que se negó a someterse a un test de alcoholemia y que actuó de manera violenta.
Sus testigos señalaron que intentó empujar a un superior hacia un canal, mientras que los del trabajador —entre ellos su hija y un excompañero— sostuvieron que él fue acosado y que solo trató de alejarse de la situación.
La jueza Pilar Ulriksen Toro, del Juzgado de Letras con competencia Laboral de Los Lagos, desestimó la denuncia por vulneración de derechos fundamentales al no acreditarse el hostigamiento, pero acogió la demanda subsidiaria por despido injustificado.
Concluyó que la empresa actuó de manera desproporcionada, pues el incidente no revestía la gravedad suficiente para justificar la desvinculación.
El fallo destacó la extensa trayectoria del trabajador, que había permanecido más de una década en la empresa y había sufrido un accidente laboral con pérdida parcial de visión.
La jueza consideró que la sanción aplicada “carece de razonabilidad y proporcionalidad”, dado que existían otras medidas disciplinarias menos gravosas.
La empresa fue condenada a pagar $8.101.280 por indemnización por años de servicio, $736.480 por indemnización sustitutiva del aviso previo y un recargo del 80% equivalente a $6.481.024, sumando un total de $15.318.784, más reajustes e intereses legales.
