Economía digital: Riesgos de una transición sin justicia

Hoy, ya no es posible pasar por alto el peso que han alcanzado las tecnologías digitales y la IA en la economía y los servicios, al reconfigurar la economía actual y el conjunto de las interacciones sociales. En este artículo, se relevarán algunas.

Un aspecto bastante conocido es el de la manipulación de la información. Las tecnologías, que antes prometían ampliar el acceso al conocimiento se están usando, en muchos casos, para distorsionar la realidad, fabricar consensos falsos y erosionar la confianza pública.

Plataformas de redes sociales y sistemas de inteligencia artificial pueden amplificar desinformación, generar noticias falsas o incluso crear contenidos manipulados -como los deepfakes- que alteran la percepción colectiva de los hechos.

Otra variante, ampliamente debatida en la opinión pública local, ha sido la reciente polémica generada por la CMF alrededor de la eliminación de la tarjeta de coordenadas utilizadas por el sistema bancario chileno, abortada por presión social.

La implementación de sistemas cada vez más sofisticados -aplicaciones móviles, atención automatizada, verificación biométrica o banca en línea- supone un desafío para quienes no se formaron en entornos digitales. Ante ello, corresponde que sean las Instituciones las que aseguren acompañamiento técnico a la hora de decretar sus cambios.

El sesgo tecnológico, que tanto encandila a algunos sectores, no sólo dificulta el acceso a servicios básicos, sino que también erosiona la autonomía y la participación social de los adultos mayores, desplazándolos hacia la periferia de una economía cada vez más digitalizada.

Sin políticas de inclusión tecnológica, educación digital y canales presenciales alternativos o híbridos, la brecha entre generaciones tiende a ampliarse, y en la lógica lineal del neoliberalismo la tendencia es más bien a su agudización.

La otra es la automatización aplicada a procesos productivos y de servicios. Las máquinas y los algoritmos no han demostrado ser capaces de compensar los empleos que eliminan. A medida que tareas humanas son reemplazadas por las máquinas, precariza el empleo y se amplía la brecha entre quienes acceden a trabajos tecnológicos y quienes quedan fuera del sistema.

Tampoco está claro que estas innovaciones estén creando suficientes oportunidades para los nuevos trabajadores que ingresan al mercado. Este escenario puede llegar a ser aún más desventajoso para la fuerza de trabajo. Esto, porque el empresariado, además de los despidos por “necesidades de la empresa” se escuda en la automatización de procesos para abaratar costos al mismo tiempo que precariza y aumenta las cargas de trabajo de quienes logran conservar sus puestos.

En otros términos, en las actuales condiciones bajo las cuales se están llevando a cabo estas transiciones, mientras siga la asimetría entre capital y trabajo, el costo seguirá estando del lado de los trabajadores.

Una última dimensión es el impacto de estas tecnologías en el medio ambiente, como por ejemplo, los data centers, que requieren altos volúmenes de energía para funcionar y enfriarse. Me limito a proporcionar, para el análisis, la investigación de la UNCTAD.

La transición hacia una economía digital plantea la imperiosa necesidad de renovar el contrato social del trabajo. Los derechos y beneficios laborales deben acompañar a las personas más que a los empleos, de modo que trabajadores independientes, de plataformas o en ocupaciones cambiantes puedan mantener acceso a salud, pensiones y reconversión laboral, evitando que la flexibilidad tecnológica se traduzca en nuevas precariedades.

Fomentar modelos cooperativos y de propiedad compartida en el ámbito digital también puede equilibrar el poder dentro de esta nueva economía, distribuyendo los beneficios del cambio.

A la par, es clave fortalecer la representación y el poder de negociación de la fuerza laboral. Apoyar la sindicalización y nuevas formas de organización en sectores tecnológicos de modo que los trabajadores participen en las decisiones sobre productividad, automatización y condiciones de empleo.

Consejos tripartitos entre Estado, empresas y trabajadores podrían gestionar las reconversiones y diseñar estrategias de transición justas, capacitar y formar en nuevas competencias para incluir a las nuevas modalidades de trabajo, asegurando que la digitalización no se imponga desde arriba, sino que se construya colectivamente, con equidad y corresponsabilidad social.

Todo esto debe sostenerse sobre una base de seguridad social universal, que garantice salud, pensiones e ingresos mínimos desvinculados del tipo de contrato o del empleo formal. Solo así la transformación digital podrá ser un avance civilizatorio y no una nueva fuente de desigualdad.

En definitiva, la digitalización puede generar una sociedad más flexible y conectada, pero también más fragmentada y precaria. Para evitar ese desenlace, el desafío central es que la tecnología se ponga al servicio del bienestar, la identidad cultural y la vida comunitaria. Lo central no es solo cómo innovar, sino quién se beneficia de la innovación, quién asume los costos de la transición y bajo qué principios se gobierna.

Para ello, es indispensable abordar estos procesos desde la distribución del poder, el conocimiento y las oportunidades de desarrollo para acceder a una vida más plena, o por el contrario serán la base para mayores injusticias, concentración de la riqueza y nuevas precariedades.