A 6 años del estallido social: Fiscalía reporta más de 35 mil delitos y 7 muertes, la mayoría por violencia institucional
Mañana se cumplen seis años desde que el 18 de octubre de 2019 comenzó el estallido social, el episodio de mayor convulsión política y social en Chile desde el retorno a la democracia.
En ese contexto, la Fiscalía Nacional publicó un nuevo Informe Estadístico del Estallido Social, que detalla la magnitud de los hechos ocurridos durante las protestas y su impacto judicial entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
El informe contabiliza 32.901 causas ingresadas, equivalentes a 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas.
El Ministerio Público destaca que este periodo representó un desafío sin precedentes para el sistema judicial chileno, no solo por la cantidad de denuncias, sino también por la complejidad de los casos, muchos de ellos asociados a violaciones a los derechos humanos y, particularmente, a hechos de violencia institucional.
De acuerdo con la Fiscalía, los fenómenos delictivos más relevantes durante esos meses fueron los delitos de violencia institucional, maltrato contra agentes del Estado, incendios, saqueos y desórdenes públicos.
Casi la mitad de los casos, un 46,9%, se concentró en la Región Metropolitana, principalmente en torno a Plaza Baquedano, epicentro de las manifestaciones masivas.
El documento subraya que las denuncias por violencia institucional —golpes, apremios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios del Estado— constituyeron uno de los aspectos más graves del periodo, por su directa afectación a derechos fundamentales.
Estos casos fueron investigados bajo la coordinación de la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, en conjunto con fiscalías regionales y organismos de supervisión civil.
Violencia institucional y víctimas fatales
La violencia institucional aparece en el informe como uno de los ejes centrales del trabajo del Ministerio Público.
Según el documento, siete personas murieron como consecuencia de acciones u omisiones atribuibles a agentes del Estado durante el estallido social.
Estas muertes representan el 23,3% del total de fallecimientos registrados entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
El texto también detalla cientos de denuncias relacionadas con lesiones graves, torturas, detenciones arbitrarias y agresiones durante la represión de manifestaciones.
La Fiscalía reconoce que estos hechos implicaron una carga adicional para el sistema judicial, pues requirieron procedimientos diferenciados y la revisión de múltiples pruebas audiovisuales, peritajes médicos y testimonios cruzados.
Además, el informe precisa que varios de los casos siguen abiertos y en tramitación, especialmente aquellos que involucran violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios de Carabineros y del Ejército durante los primeros días del estallido.
Estas causas continúan bajo seguimiento de la Fiscalía Nacional y de organismos internacionales de observación.
Junto con los hechos de violencia institucional, la Fiscalía también documenta 703 causas por incendios, 732 delitos y 569 víctimas, ocurridos principalmente en los meses de octubre y noviembre de 2019.
Si bien los incendios constituyeron los delitos materiales más extendidos, los casos de violencia cometida por agentes estatales se destacan en el informe por su gravedad jurídica y su connotación pública.
Saqueos, desórdenes y persecución penal
El informe consigna que los delitos contra la propiedad y los desórdenes públicos también marcaron la crisis social.
Se registraron 7.717 causas y 11.456 imputados conocidos, la mayoría por desórdenes públicos, con un 83,1% de los casos concentrados en esa tipología.
Sin embargo, la Fiscalía enfatiza que las denuncias por violencia institucional presentaron una complejidad mucho mayor, tanto por las dificultades probatorias como por el impacto social que generaron.
En el caso de los delitos contra la propiedad, el 57,6% correspondió a robos en lugar no habitado y el 31,7% a daños simples.
Estas cifras se concentraron en las fiscalías metropolitanas y de Valparaíso. El Ministerio Público señala que la coexistencia de hechos de vandalismo con denuncias masivas contra fuerzas de orden reflejó la doble presión que enfrentó el sistema penal: perseguir delitos comunes mientras investigaba a funcionarios públicos por abusos.
Frente a este escenario, la Fiscalía debió adaptar sus métodos de persecución penal, crear equipos especializados en derechos humanos y reforzar la coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras entidades civiles.
La magnitud de los casos de violencia institucional obligó a priorizar líneas de investigación específicas y a capacitar personal en estándares internacionales de derechos humanos.
Seis años después: un impacto aún presente en la justicia
En sus conclusiones, el Ministerio Público reconoce que el estallido social tuvo un impacto estructural y duradero en el sistema de justicia penal.
Además del alto volumen de casos, los delitos de violencia institucional marcaron un punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y las instituciones del Estado, al poner en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y control civil sobre las fuerzas policiales.
El informe destaca que, aunque la mayoría de las causas penales ya han sido cerradas o archivadas, los procesos vinculados a violencia institucional continúan vigentes y siguen bajo observación nacional e internacional.
Se trata, según el documento, de las investigaciones “más complejas y sensibles” de todo el periodo, tanto por la cantidad de denuncias como por su importancia para la reparación de las víctimas y la confianza pública en la justicia.
A seis años de los hechos, el Ministerio Público concluye que el estallido social no solo tensionó el sistema judicial por la sobrecarga de causas, sino que también dejó una huella profunda en materia de derechos humanos.
El informe reafirma que la respuesta institucional frente a la violencia estatal sigue siendo una tarea pendiente, mientras Chile conmemora un nuevo aniversario de los días que cambiaron su historia reciente.
