En febrero de 2021, una vecina de un edificio en la comuna de San Miguel denunció haber sido agredida por tres residentes del mismo inmueble, luego de encontrar excremento de perro en la puerta de su departamento.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el hecho ocurrió tras una serie de conflictos previos entre las partes y derivó en una golpiza registrada por las cámaras de seguridad del edificio.
La víctima fue golpeada y empujada contra un muro por las tres demandadas, lo que le causó lesiones en el rostro y cabeza, diagnosticadas en el Hospital Barros Luco como equimosis y edema facial.
Tras la agresión, las involucradas fueron formalizadas por lesiones menos graves y se acogieron a una suspensión condicional del procedimiento.
Paralelamente, la afectada presentó una demanda civil por daño moral ante el Segundo Juzgado Civil de San Miguel, argumentando el profundo miedo y ansiedad que le provocaron los hechos, así como el impacto psicológico posterior.
En marzo de 2024, la jueza Carmen Gloria Escanilla Pérez acogió la demanda y condenó solidariamente a las tres agresoras al pago de $2.000.000 por concepto de daño moral, más reajustes e intereses.
El tribunal basó su decisión en la prueba documental, informes médicos y psicológicos, y los videos del edificio que mostraban a las demandadas ensuciando la puerta de la víctima y luego golpeándola.
En julio de 2025, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó el fallo, aunque permitió que el monto fuera pagado en cuatro cuotas mensuales, considerando la situación económica de las demandadas.
Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema, que rechazó el recurso de casación en el fondo e inadmitió el de forma, confirmando definitivamente la condena.
La Primera Sala, integrada por los ministros Arturo Prado Puga, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto García, Eliana Quezada Muñoz y el abogado integrante Álvaro Vidal Olivares, sostuvo que los jueces de fondo actuaron correctamente al establecer que la víctima acreditó todos los elementos de la responsabilidad civil.
Con ello, se ratificó la condena por daño moral a las tres vecinas agresoras.
