Fallo internacional, Ministro Gajardo e informe de 38 páginas confirman defensa ambiental de Chuñil cuestionada por fiscalía
“No existen antecedentes que permitan afirmar que Julia Chuñil ejerciera una labor política o de activista organizada. Más bien se trataba de una persona dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural”, declaró en entrevista con La Segunda la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, generando indignación entre organizaciones que velan por las y los defensores ambientales.
Desde Escazú Ahora, organización que trabajó en la representación legal del caso, destacan que enviaron un informe de 38 páginas detallando la labor de defensa ambiental que ejerció en su vida la dirigenta mapuche. El informe fue recibido por fiscalía e incorporado en la carpeta investigativa en marzo de este año.
Esto se condice con el fallo emitido en julio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se afirma que el caso de Chuñil no puede ser tratado como un caso común, ya que la beneficiaria se encuentra en una “situación de riesgo específica y diferenciada al tratarse de una lideresa indígena, persona mayor y defensora de derechos humanos que habría desaparecido en un contexto de conflicto territorial o ambiental y realizaría actividades en defensa de sus derechos y los de su comunidad”.
Ministerio de Justicia
Desde el Ministerio de Justicia también difirieron con la fiscalía, aclarando que se trata de poderes autónomos. “Nosotros no tenemos ninguna duda de que ella era una defensora ambiental”, declaró ante la radio Biobío el Ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
En la misma línea se declararon desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, desde donde se está implementando el nuevo protocolo para casos contra defensores ambientales y de derechos humanos en Chile, entregando asistencia técnica a las instituciones del sistema de justicia para la investigación de los casos.
“Los antecedentes recopilados sobre su liderazgo local, vínculo con la tierra y su participación como defensora de temas ambientales fueron remitidos al Ministerio Público, así como los relatos y denuncias de amenazas previas recibidas por parte de la Sra. Chuñil”, declaran desde la institución.
También mencionan el fallo de la CIDH, explicando que la resolución “reafirma la obligación del Estado de abordar este caso con debida diligencia reforzada bajo estándares de protección específicos para personas defensoras de derechos humanos”.
Vacíos para defender la naturaleza
Organizaciones como Escazú Ahora han alertado sobre la falta de medidas para proteger a quienes defienden la naturaleza en Chile, ejemplificando con el caso de Julia Chuñil. En entrevista con El Desconcierto a fines de 2024, explicó que, a pesar de ser una defensora ambiental que recibió amenazas por seis años, durante las primeras semanas su caso fue tratado como presunta desgracia y se hicieron diligencias de búsqueda de personas.
"No fue hasta que nosotros presentamos una querella criminal exponiendo que es defensora y que estaba amenazada, que la fiscalía abordó este caso como una causa criminal con terceros involucrados. Y aún así, dudaban de que ella fuera una defensora ambiental, y nos pidieron un informe técnico para constatar esto”, declaró.
Para el activista, la falta de una ley que reconozca la labor de los defensores ambientales es uno de los principales vacíos que develó este caso. La pasada semana, la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley que reconoce esta labor y consagra el derecho a defender la naturaleza.
El texto también establece obligaciones al Estado de reconocer, promover y proteger la labor que ejercen las y los defensores ambientales en el país, tomar acciones para que los casos de agresiones contra estas personas se investiguen y que las personas tengan información clara sobre procesos o proyectos que afectan su entorno y puedan participar en las decisiones que impactan el medioambiente.
