"No la veían como defensora ambiental": Los vacíos que evidencia el caso Chuñil para frenar la violencia contra quienes cuidan la naturaleza

Familiares y abogadas de Julia Chuñil están de luto tras conocer antecedentes recabados por la fiscalía que sugerirían que la defensora ambiental habría sido quemada. La información se da a conocer en un contexto de críticas por parte de la familia hacia el actuar que ha tenido la Fiscalía en este caso.

El caso de Julia Chuñil se ha convertido en un símbolo de alerta por la creciente violencia contra defensores y defensoras ambientales en el país. Para algunos especialistas, la tramitación del caso ha dejado en evidencia vacíos sobre cómo el Estado de Chile reconoce la labor de estas personas y cómo enfrenta los casos de violencia contra ellos.

A pesar de ser una defensora ambiental que recibió amenazas por seis años, durante las primeras semanas su caso fue tratado como presunta desgracia y se hicieron diligencias de búsqueda de personas, para luego desistir de la búsqueda.

Así lo afirma Sebastián Benfeld, director de la organización Escazú Ahora que representó el caso de Chuñil en su inicio. "No fue hasta que nosotros presentamos una querella criminal exponiendo que es defensora y que estaba amenazada, que la fiscalía abordó este caso como una causa criminal con terceros involucrados. Y aún así, dudaban de que ella fuera una defensora ambiental, y nos pidieron un informe técnico para constatar esto. Como no hay una ley que reconozca explícitamente la labor de los defensores ambientales, la institucionalidad no funciona", explica Benfeld.

¿Qué falta para implementar el Acuerdo de Escazú en Chile?

Esta situación también da luces de los atrasos en la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile. Aunque firmar el tratado fue una de las primeras acciones de Gabriel Boric al iniciar su gobierno, desde la organización Escazú Ahora declararon que de las 10 medidas de implementación planteadas por el gobierno, siete aún no llevan nada de avance.

Según un informe de la organización, Chile solo ha implementado el 15% de las medidas comprometidas para proteger a las personas que defienden el medio ambiente. Entre las medidas con 0% de avance se incluyen el reconocimiento público a defensores y defensoras, la elaboración de un diagnóstico nacional sobre su situación, la realización de campañas de sensibilización masiva y la preparación de la red asistencial para que brinden apoyo en salud mental.

"Una de las primeras es que el Estado va a generar un diagnóstico sobre la situación de las y los defensores ambientales en el país. Preguntamos por transparencia y nos respondieron que las personas a cargo de este diagnóstico ni siquiera se han reunido para ver cómo abordar el diagnóstico", señaló Benfeld.

Además, el director de Escazú Ahora agregó que "hemos insistido en que el gobierno apoye el proyecto de ley que reconoce a los defensores ambientales, que fue generado en moción parlamentaria, pero hasta el momento el gobierno no ha presentado indicaciones ni se ha hecho parte en la discusión legislativa de este proyecto".

Hostigamiento familiar y denuncia ante la CIDH

Los familiares de Julia Chuñil denuncian que ha sido la misma familia el foco principal de la investigación de la fiscalía, y que no se ahondó con suficiente premura y profundidad en la hipótesis relacionada con las amenazas que sufría Chuñil a manos de empresarios forestales en un contexto de conflicto territorial por la defensa del bosque nativo.

Incluso una de las hijas de la dirigente, Jeannette, denunció haber sido víctima de un interrogatorio irregular de Carabineros donde no había presente ningún abogado, donde la dejaron incomunicada por horas y la intimidaron para que se auto inculpara por el crimen.

Por estas razones, el hostigamiento y las falencias en la investigación fueron denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que exigió al Estado de Chile redoblar los esfuerzos para encontrar a la dirigenta.

Los integrantes de la CIDH determinaron que este no se puede considerar como un "caso común" ya que la beneficiara se encuentra en una "situación de riesgo específica y diferenciada al tratarse de una lideresa indígena, persona mayor y defensora de derechos humanos que habría desaparecido en un contexto de conflicto territorial o ambiental".

Violencia contra defensores ambientales se triplica en Chile

Este caso ocurre en un contexto de recrudecimiento de la violencia y las amenazas contra defensores y defensoras ambientales, como lo ha constatado la organización en sus análisis e informes, donde han detectado que entre 2023 y 2024 se triplicaron los casos de violencia contra estas personas.

Asimismo, este relato público también se ha filtrado en las comunidades costeras, donde incluso se denuncian campañas de desinformación contra la Ley Lafkenche levantadas por la industria salmonera. Esta ley, que ha sido destacada por organismos internacionales como la ONU por su alto estándar en protección de derechos humanos y reparación con pueblos originarios, permite a comunidades indígenas administrar Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

En los últimos días, un dirigente huilliche que lleva adelante la solicitud de un ECMPO en una isla de Chiloé fue amenazado de muerte, ilustrando que la creciente violencia en el discurso permea en el territorio.

Este hecho tiene un antecedente grave: en febrero de 2024 desconocidos entraron forzadamente a la casa de Daniel Caniullán, dirigente de la comunidad indígena Pu Wapi que solicita un ECMPO en Aysén, y destruyeron muebles sin robarle nada. Posteriormente, recibió audios amenazándolo de interponer acciones legales contra él si no retiraba la solicitud.