Las abogadas de la familia de Julia Chuñil Catricura revelaron este martes 30 de septiembre una interceptación telefónica donde el principal sospechoso habría confesado el destino de la defensora ambiental. En el punto de prensa además participaron organizaciones de derechos humanos y Pablo San Martín Chuñil, hijo y vocero familiar de la dirigente mapuche desaparecida hace casi 11 meses.
Según expuso la abogada Karina Riquelme, en una interceptación telefónica autorizada, Juan Carlos Morstadt Anwandter le habría dicho a su padre que a Julia Chuñil "la quemaron".
Una declaración que se produce a casi 11 meses de la desaparición de la presidenta de la comunidad indígena Putreguel, ocurrida el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.
La conferencia contó con la participación del Comité de Ética contra la Tortura y Amnistía Internacional, organizaciones que respaldaron las denuncias presentadas por la familia. Asimismo, el equipo legal enfatizó que, pese a la gravedad de esta evidencia, el Ministerio Público habría mantenido el audio en segundo plano mientras desarrollaba una línea investigativa enfocada en los propios familiares de la víctima.
En ese sentido, las abogadas denunciaron que la Fiscalía "se encuentra utilizando testigos con identidad reservada para inculpar a los familiares de Julia Chuñil". Esta estrategia, calificada como un montaje, somete a los hijos de la dirigente mapuche a una doble victimización, tratándolos como sospechosos en lugar de protegerlos como víctimas, vulnerando así el debido proceso, denunciaron en el punto de prensa.
Ya Juan Carlos Morstadt Anwandter había sido identificado como "sujeto de interés prioritario desde la primera etapa" de la investigación, con un claro móvil derivado de un "conflicto previo y sostenido" con Julia Chuñil y su familia por la ocupación de terrenos ancestrales. La dirigente defendía 900 hectáreas de bosque nativo que el empresario forestal habría querido explotar comercialmente.
A pesar de que legalmente ostenta la calidad de "imputado no formalizado" y se le han realizado múltiples diligencias —como el levantamiento del secreto bancario y la vinculación con armas no declaradas—, la investigación en su contra no ha avanzado hacia una formalización.
Por su parte, Pablo San Martín Chuñil manifestó el dolor de la familia tras conocer estos hallazgos. "Nosotros queremos encontrar al verdadero culpable, no a personas inocentes", señaló el hijo de la defensora ambiental.
Ante esta situación, las organizaciones presentes convocaron a una marcha nacional para el próximo 8 de noviembre. Para ello se realizará una asamblea de coordinación nacional, con el objetivo de impulsar de manera simultánea movilizaciones y concentraciones en los frontis del gobierno de cada ciudad. Mientras tanto en Santiago, la convocatoria será al frente de La Moneda.
