Este martes la Cámara de Diputados votará el proyecto de ley en primer trámite que reconoce la labor de las y los defensores ambientales y establece acciones para su protección. En medio de las polémicas por el caso de la defensora ambiental desaparecida, Julia Chuñil, organizaciones ambientales están llamando a avanzar en este proyecto de ley.
Esto ocurre en un contexto en que organizaciones ambientales y de derechos humanos han alertado por el recrudecimiento de la violencia contra defensores ambientales, los casos judiciales contra activistas y las declaraciones que criminalizan a quienes ejercen esta labor, incluso desde autoridades públicas o candidatos presidenciales.
El proyecto de ley, presentado por diputados del partido liberal, se considera como un avance para aplicar en Chile los derechos a los que adscribió el país al ratificar el Acuerdo de Escazú, que establece acciones en Latinoamérica para garantizar el derecho a la información ambiental, a la participación y a la justicia ambiental, además de la protección a quienes defienden la naturaleza.
El texto reconoce estos tres derechos así como el derecho de cualquier persona a defender la naturaleza, a denunciar el daño ambiental y a organizarse para generar acciones de protección del medio ambiente.
También establece obligaciones al Estado de reconocer, promover y proteger la labor que ejercen las y los defensores ambientales en el país, tomar acciones para que los casos de agresiones contra estas personas se investiguen y que las personas tengan información clara sobre procesos o proyectos que afectan su entorno y puedan participar en las decisiones que impactan el medioambiente.
Organizaciones ambientales como Escazú Ahora han apuntado a este proyecto de ley como clave para poder avanzar en la protección de defensores ambientales en Chile, ejemplificando con el caso de Julia Chuñil.
Esto porque a pesar de ser una defensora ambiental que recibió amenazas por seis años, durante las primeras semanas su caso fue tratado como presunta desgracia y se hicieron diligencias de búsqueda de
Así lo afirma Sebastián Benfeld, director de la organización Escazú Ahora que representó el caso de Chuñil en su inicio. "No fue hasta que nosotros presentamos una querella criminal exponiendo que es defensora y que estaba amenazada, que la fiscalía abordó este caso como una causa criminal con terceros involucrados. Y aún así, dudaban de que ella fuera una defensora ambiental, y nos pidieron un informe técnico para constatar esto. Como no hay una ley que reconozca explícitamente la labor de los defensores ambientales, la institucionalidad no funciona", agrega.
