Dejaron de pagar cotizaciones previsionales por 2 años a trabajadora y se autodespidió: Corte ordena pagarle $8,2 millones
Entre 2022 y 2024, una trabajadora social de la Fundación Integrando a Niños y Adolescentes con un Toque de Luz decidió autodespedirse tras constatar que su empleador no había pagado sus cotizaciones previsionales durante casi dos años, pese a haberle descontado mensualmente los aportes desde su remuneración.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la profesional, contratada en julio de 2021, presentó una demanda por despido indirecto y cobro de prestaciones laborales ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua.
El tribunal, encabezado por el juez Guillermo Rodríguez Órdenes, estableció que la fundación incumplió gravemente sus obligaciones al retener las cotizaciones de salud y previsión sin enterarlas en AFP Modelo, AFC Chile y Fonasa, generando un perjuicio sostenido entre julio de 2022 y abril de 2024.
El fallo sostuvo que este comportamiento vulneró de manera severa los derechos previsionales de la trabajadora: “El incumplimiento reviste gravedad, pues afecta no solo de forma presente, sino también futura a la trabajadora, al producir lagunas de cotizaciones previsionales, privándola de rentabilidad y de la aspiración a una mejor pensión futura”.
El magistrado agregó que la omisión perjudicó directamente el fondo individual de cesantía, el fondo de pensiones y las posibilidades de acceder a subsidios por incapacidad, ya que estos se calculan en función de las cotizaciones efectivamente pagadas.
Además, calificó la conducta del empleador como “una sustracción de parte del sueldo del dependiente”, dado que los montos descontados provenían del salario de la trabajadora.
El tribunal acogió íntegramente la demanda, declarando que el despido no produjo efecto legal y ordenando a la fundación pagar las remuneraciones devengadas desde la fecha del autodespido hasta su convalidación.
En total, la institución deberá pagar $8.239.522, suma que incluye: $1.250.000 por aviso previo; $3.750.000 por indemnización por tres años de servicio; $1.875.000 por recargo legal del 50%; $291.606 por feriado legal; $489.583 por feriado proporcional; y $583.333 por 14 días trabajados en mayo de 2024, además de intereses, reajustes y $300.000 por costas.
La demanda también apuntó al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia como responsable solidario, pero el tribunal rechazó esa pretensión al señalar que la ley impide al organismo público intervenir en relaciones laborales de las fundaciones colaboradoras.
