Chile fija por primera vez un límite al arsénico en el aire: 99% de emisiones viene de fundiciones de cobre
En un paso inédito para la regulación ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente de Chile publicó el pasado 10 de octubre la primera norma primaria de calidad del aire para arsénico, un compuesto altamente tóxico que hasta ahora no contaba con regulación específica en el país, pese a sus conocidos efectos nocivos para la salud.
La norma fija una concentración máxima anual de 23 nanogramos por metro cúbico (ng/m³), alineándose con las recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y superando en exigencia los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, si en un solo año el promedio anual supera los 46 ng/m³, se considerará que el límite fue sobrepasado, sin necesidad de esperar los tres años que exige el cálculo habitual.
“La publicación de esta norma, la primera específica para el arsénico, protegerá la salud de las personas. La regulación permitirá el desarrollo de planes de prevención o descontaminación en los territorios donde se acerque o supere el umbral establecido. Los planes incluirán medidas concretas para reducir el arsénico presente en el aire”, explicó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
¿Qué sectores serán beneficiados?
El principal foco de esta regulación recae en las comunas donde operan fundiciones de cobre, ya que estas representan el 99% de las emisiones de arsénico generadas por fuentes puntuales en Chile, según el inventario nacional.
Estas zonas, históricamente expuestas al contaminante, podrán ser declaradas como “latentes” o “saturadas” si se supera o se está cerca de superar el nuevo umbral, lo que activaría la creación de Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica enfocados exclusivamente en arsénico.
Estos planes incluirán medidas específicas para reducir la presencia del contaminante en el aire, apuntando tanto a las grandes fuentes emisoras como a otras fuentes presentes en los territorios afectados.
La ministra Rojas también destacó que este avance regulatorio fue fruto de un proceso participativo, que involucró a comunidades locales, expertos y el sector regulado, reforzando la legitimidad de la norma y su coherencia con los principios del Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la información y la participación ciudadana en asuntos ambientales.
