Estudiante fue herida por carro lanza-aguas en marcha del 8M de 2019 en Valparaíso: Corte ordena pagarle $20 millones
El 8 de marzo de 2019, durante la marcha del Día de la Mujer en Valparaíso, una estudiante de periodismo de 22 años fue alcanzada por un chorro directo de un carro lanza-aguas de Carabineros, a tan solo 8,5 metros de distancia.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el impacto la derribó al suelo, provocándole un traumatismo craneal, una fractura de rótula en la pierna izquierda, contusiones en la cabeza y lesiones en sus extremidades.
Tras ser trasladada a distintos centros médicos, debió someterse a una cirugía en la rodilla y a meses de terapia kinesiológica, lo que la obligó a interrumpir sus estudios y afectó gravemente su vida cotidiana.
El hecho ocurrió pese a que el protocolo vigente, publicado en marzo de 2019, establecía que Carabineros debía utilizar chorros tipo “agua lluvia” para dispersar manifestaciones, y no un chorro directo y focalizado como el que se aplicó.
La institución policial suspendió y posteriormente dio de baja al suboficial que operaba el pitón del vehículo, quien fue condenado penalmente por violencia innecesaria con resultado de lesiones graves.
En 2021, la estudiante interpuso una demanda civil contra el Fisco de Chile, reclamando $100 millones por daño moral y $5 millones por daño emergente.
El Consejo de Defensa del Estado negó responsabilidad, alegando que la víctima se expuso imprudentemente al riesgo y que Carabineros actuó en un contexto de violencia.
Sin embargo, la prueba documental, los informes médicos y los testimonios acreditaron que la afectada ejercía legítimamente su derecho a manifestarse y que fue atacada injustificadamente.
El Primer Juzgado Civil de Valparaíso, a cargo de la jueza Patricia Montenegro Vásquez, concluyó que el actuar de Carabineros configuró una “falta de servicio”, al apartarse de lo establecido en el protocolo y no prestar auxilio tras la lesión.
La sentencia ordenó al Fisco pagar $20 millones: $15 millones por daño moral y $5 millones por daño emergente, más reajustes e intereses.
De esta forma, la justicia reconoció que el uso desproporcionado del carro lanza-aguas en la marcha del 8M no solo lesionó físicamente a la estudiante, sino que también truncó su vida académica y personal, obligando al Estado a responder patrimonialmente por los daños causados.
