Se negó a realizarse test de drogas en el trabajo y la despidieron: Fue a juicio y deberán pagarle $25 millones
Una trabajadora que se desempeñó durante casi diez años como operadora en el Complejo Metalúrgico Altonorte fue despedida en octubre de 2023.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la empresa sostuvo que la desvinculación se debía a un “incumplimiento grave de las obligaciones del contrato”, pues la mujer se negó a realizarse un examen de drogas exigido tras reincorporarse de una licencia médica.
El argumento de la compañía se basó en que la negativa impedía completar los trámites ocupacionales requeridos para retomar sus funciones en faena.
La afectada presentó una denuncia de tutela laboral en el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, reclamando que el despido vulneró sus derechos fundamentales y solicitando indemnizaciones por daño moral y por término de contrato.
En subsidio, pidió que se declarara injustificado. La defensa de la empresa, en tanto, alegó que la medida era legítima, ya que se ajustaba al reglamento interno y al Código del Trabajo.
El tribunal, presidido por el juez José Paulo Coronado Álvarez, revisó la prueba aportada por ambas partes.
Sobre la acción de tutela, concluyó que no se acreditaron indicios suficientes de vulneración de garantías constitucionales.
“Ningún elemento probatorio permite determinar dichos indicios (…) el actuar ajustado a la ley de la empleadora permite descartar de plano dicha vulneración”, se lee en la sentencia.
Sin embargo, el fallo sí acogió la demanda subsidiaria por despido injustificado. El tribunal consideró que la sola negativa a someterse al examen no reunía la gravedad exigida por la ley para aplicar la causal de incumplimiento grave.
Además, se destacó que la trabajadora tenía una larga trayectoria en la empresa, que no se probó reincidencia ni perjuicio concreto derivado de la conducta, y que no existieron sanciones previas por hechos similares.
En consecuencia, el juzgado declaró el despido como “injustificado e indebido” y condenó a Altonorte a pagar tres conceptos principales: $1.340.146 por indemnización sustitutiva del aviso previo; $13.401.460 por indemnización por años de servicio (correspondientes a casi diez años de trabajo); y $10.721.168 adicionales por recargo legal del 80% aplicado a esa indemnización.
Todas estas sumas deberán pagarse con reajustes e intereses conforme al Código del Trabajo.
El tribunal, además, rechazó la pretensión de la trabajadora respecto al daño moral, por falta de prueba suficiente, y descartó la nulidad del despido por supuestas deudas previsionales, al acreditarse que las cotizaciones estaban pagadas.
También fue rechazada la excepción de compensación planteada por la empresa.
En síntesis, la denuncia de tutela fue desestimada, pero la justicia determinó que el término de la relación laboral fue improcedente y obligó a la compañía a indemnizar con más de $25 millones a la extrabajadora.
