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INDH condena hechos de tortura contra funcionario TEA en Hospital de Osorno y llama a enfrentar discriminación estructural

INDH condena hechos de tortura contra funcionario TEA en Hospital de Osorno y llama a enfrentar discriminación estructural

Por: Nicole Donoso | 03.09.2025
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), órgano autónomo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, repudió las denuncias que revelan actos de violencia contra un trabajador neurodivergente, y advirtió sobre el impacto de la estigmatización en entornos institucionales.

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), instancia especializada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), emitió una enérgica condena frente a las denuncias de vejaciones, maltrato y tortura sufridas por un funcionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) al interior del Hospital Base de Osorno.

Según el organismo, los hechos no solo vulneran la integridad de una persona en su espacio de trabajo, sino que también evidencian una cultura institucional marcada por el prejuicio, la estigmatización y la discriminación hacia personas neurodivergentes, lo que genera ambientes propensos a la violencia y al abuso.

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“Los hechos ocurridos en Osorno evidencian la urgencia de enfrentar de manera estructural los prejuicios sociales que generan discriminación y violencia, promoviendo una cultura de respeto y dignidad hacia todas las personas”, declaró el CPT en su comunicado oficial.

La declaración se enmarca en las atribuciones del CPT como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), responsabilidad asignada al Estado de Chile mediante la Ley N° 21.154, que facultó al INDH para ejercer este rol conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT).

El Comité opera de forma autónoma, especializada e independiente, con el objetivo de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El CPT también subrayó que la responsabilidad estatal no se limita a la protección de personas bajo custodia, sino que se extiende a la garantía de espacios laborales seguros e inclusivos para todos los funcionarios públicos.

“La responsabilidad del Estado no solo reside en proteger a las personas bajo su custodia y cuidado, sino también en garantizar la integridad y dignidad de los propios funcionarios públicos”, señaló el Comité, destacando la necesidad de asegurar condiciones laborales que respeten los derechos humanos.

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