En junio de 2025, una egresada de Nutrición y Dietética de la Universidad de Magallanes pidió cursar su trámite de titulación tras haber completado la carrera.
La Tesorería de la casa de estudios le respondió con un correo donde adjuntaba una “simulación de repactación” de su deuda, que ascendía a $31.463.700, e indicaba que debía abonar en efectivo $3.146.370 para poder repactar y así iniciar el proceso.
La estudiante recurrió a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, alegando que había cumplido todos los requisitos académicos y que la negativa de la universidad era ilegal al condicionar su título a un pago, lo que además le impedía postular a trabajos, ya que se le exige el certificado o grado profesional.
La universidad defendió su proceder, argumentando que nunca le había negado el título, que solo se trataba de una propuesta de repactación y que la alumna mantenía una deuda importante respaldada en dos pagarés.
También sostuvo que no había constancia de que la estudiante hubiera iniciado formalmente el trámite de titulación.
El tribunal rechazó esos argumentos y recalcó que el derecho a la educación incluye la etapa de titulación universitaria.
Citó además la Ley N° 21.707 de 2024, que modificó la Ley de Educación Superior prohibiendo condicionar la entrega de títulos y certificaciones a deudas de arancel.
La Corte señaló que la universidad podía perseguir el cobro de la deuda en tribunales, pero no impedir la titulación.
En fallo unánime, la Primera Sala —integrada por los ministros Caroline Turner González, Juan Villa Martínez y Julio Álvarez Toro— concluyó que el actuar de la UMAG fue “ilegal y atentatorio a la igualdad ante la ley”, pues impidió ilegítimamente a la estudiante completar su proceso por motivos extraacadémicos.
La resolución acogió el recurso de protección y ordenó a la Universidad de Magallanes permitir que la egresada complete su titulación, sin que se pueda condicionar el trámite a ningún tipo de pago, garantía o repactación.
