El insulto de la amnistía: Un golpe a la memoria histórica de Perú
El miércoles 13 de agosto la presidenta de Perú Dina Boluarte firmó, en un acto en el Palacio de Gobierno en Lima, la ley de amnistía que perdonará los crímenes cometidos por militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa durante el conflicto armado interno (1980-2000) que enfrentó al Estado peruano, al Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), con un saldo estimado de 69.000 víctimas asesinadas y desaparecidas.
La presidenta Boluarte firmó la ley mencionando que esto es un acto de “justicia” y que “honra” a quienes lucharon contra el “terrorismo”. “Muchos de estos hombres y mujeres entregaron su vida en defensa de la paz que hoy gozamos. Otros sobrevivieron, pero cargaron durante años con el peso de juicios interminables, de acusaciones injustas, de un dolor que no solo alcanzó a ellos, sino también a sus familias”, declaró la abogada y mandataria peruana. A su juicio, este acto le devolvía “la dignidad que nunca debió ser cuestionada” al grupo indultado.
La medida no solo violenta la memoria histórica sobre los hechos ocurridos en el conflicto armado en las diversas comunidades que fueron objeto de abusos y graves violaciones a los derechos humanos, en la supuesta lucha contra el terrorismo, sino que también atenta contra la integridad emocional de aquellos familiares y víctimas que sufrieron a manos de quienes están siendo indultados.
Gisela Ortiz, portavoz de las víctimas de la matanza de La Cantuta de 1992, en la que miembros del servicio de inteligencia y de la Policía secuestraron y asesinaron a diez personas en una universidad de los alrededores de Lima, denunció que “la ley premia a los violadores de derechos humanos y cierra las investigaciones aún en curso”.
La Comisión de Verdad y Reconciliación de 2003 consignó en su informe final que cerca del 30% de las víctimas y desaparecidos del conflicto fueron atribuidas a agentes del Estado. Sendero Luminoso es responsabilizado por más del 50% de las muertes y desapariciones, y en estas diferencias se afirman las narrativas justificadoras de la violencia estatal.
Sin embargo, los agentes estatales fueron responsables del 83% de los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, junto a otras formas de violaciones a los derechos humanos perpetradas contra un 70% de la población indígena quechua hablante.
Con este antecedente, indultar a quienes cometieron estos crímenes es reescribir la historia de los efectos devastadores del conflicto interno armado de Perú, construyendo un manto de impunidad sobre el rol que agentes del Estado tuvieron en la sistemática violación de los derechos humanos y colectivos de las comunidades andinas.
Esta amnistía no es solo un retroceso en la justicia transicional y el proceso político de posconflicto en Perú, es también una revictimización de las comunidades indígenas, arrasadas por el Estado y por Sendero, al tiempo que un desconocimiento de los consensos y pactos sociales de la democracia que emergió después del conflicto y de la dictadura de Alberto Fujimori.
Este acto político les resta responsabilidad a los agentes estatales en el conflicto y oscurece la historia de este periodo, vulnerando las memorias y reparaciones implementadas en los últimos 20 años en el vecino país.
