Nada nuevo bajo el sol
Recuerdo mi tiempo como dirigente estudiantil de un liceo público de Quinta Normal. En los encuentros con otros establecimientos, escuchaba a mis pares de liceos emblemáticos hablar sobre la eliminación del ranking de notas, el cogobierno estudiantil y otras demandas legítimas, pero que poco tenían que ver con la realidad de la que veníamos mis compañeros y yo.
También recuerdo muy bien las miradas de sorpresa cuando los liceos con nombre de “submarino ruso” tomábamos la palabra y planteamos nuestras urgencias: salas sin ventanas ni puertas, baños en condiciones insalubres, raciones alimenticias insuficientes, violencia escolar tolerada -y a veces permitida- por funcionarios y docentes. Una batería de problemas que, a más de diez años después de salir de la educación secundaria, sigue siendo parte del paisaje cotidiano de la educación pública.
En abril de este año, los Liceos Yobilo y Rosita Renard, en la comuna de Coronel, amanecieron tomados. En el segundo caso, incluso con la participación de apoderados. Las demandas eran tan claras como indignantes: problemas de infraestructura, plagas de ratones, falta de higiene y deficiencias graves en prestaciones educativas.
Este episodio fue la antesala de las manifestaciones que hoy mantienen en alerta a la Región Metropolitana y a los programas matinales de televisión abierta. Sin embargo, en medio de la disputa mediática entre alcaldes y personeros políticos, poco se ha escuchado a las comunidades educativas: estudiantes, docentes y apoderados, que son quienes viven y sufren estas frágiles condiciones.
¿Las demandas actuales? Nada nuevo bajo el sol, como diría la famosa banda penquista: salas sin ventanas, baños con filtraciones, techos colapsados; falta de reemplazos de docentes; escasez de especialista como psicólogos y orientadores; aplicación indiscriminada de “Aula Segura”, presencia policial en colegios, desalojos forzados; autoridades municipales que bloquean reuniones con las comunidades estudiantiles y niegan el reconocimiento de centros de estudiantes; ausencia de protocolos efectivos contra la violencia de género y la discriminación.
¿Cómo es posible que, a casi 20 años de una de las movilizaciones estudiantiles más masivas desde el retorno a la democracia, las demandas estructurales sigan sin respuesta?
No se trata solo de falta de voluntad política: estamos frente a un elefante blanco que nadie se ha atrevido a enfrentar. Mientras la derecha critica las movilizaciones, sus parlamentarios recortan los presupuestos en educación, retrasan la implementación de los Servicios Locales de Educación y dejan a merced de las municipalidades -con su escasa capacidad económica- la administración y mejora de la infraestructura escolar.
Si la situación es crítica en Santiago, epicentro del centralismo, cuesta imaginar el estado de la educación pública rural, donde incluso manifestándose, difícilmente alcanzarían la visibilidad mediática que hoy tiene este conflicto.
Será imposible lograr un cambio real repitiendo las fórmulas añejas de siempre. Los alcaldes deben dejar de criminalizar al movimiento estudiantil, terminar con la represión, abandonar los proyectos que buscan instaurar un estado policial en los liceos y, por ultimo -y quizás lo mas sencillo- abrir las puertas al dialogo, no solo con los estudiantes, sino también con los centros de padres, profesores y trabajadores de la educación.
La deuda con la educación pública no se resolverá con discursos ni con represión. Se resolverá escuchando, reconociendo y trabajando junto a quienes, desde hace décadas, siguen exigiendo lo mínimo: escuelas dignas para educar y aprender.
