San Rosendo: Necropolítica y capitalismo de muerte (Parte II)

Ver la primera parte de la columna en este link

No solo un asesinato directo es un crimen, sino que también lo son las estructuras de poder y economía que matan de forma indirecta. Su cometido es aún más perverso, el perpetrador no tiene rostro y su crueldad siempre queda impune.

Fernando González llegó al Congreso con la voz quebrada y el peso de una angustia que ya presagiaba su destino. Pero lo que encontró fue solo desamparo: la directora del Serviu, María Luz Gajardo, lo expuso públicamente, reduciendo su vida a un simple dato administrativo, con el que le aseguró que el Estado no le otorgaría una vivienda en reemplazo de la que le haría perder.

A él, y a quienes lo acompañaban, los escucharon apenas. Como si cumplieran un trámite tedioso. Después de eso, no sucedió nada. Y él, poco a poco, fue perdiendo toda esperanza.

De ahí en adelante, como un eco burocrático, cada institución estatal lo trató de forma idéntica. Como si el mundo entero se hubiera confabulado para minimizar su existencia, sus sacrificios, hacer valer nada el trabajo de toda su vida. Estando en su pueblo, continuó solicitando ayuda a las autoridades locales hasta sus últimos días, siguió recurriendo a quienes creía podían hacer uso de su poder e influencia para apelar por él y sus vecinos. Solo pedía tiempo.

Las rondas constantes de carabineros, como buitres al acecho; la implacable procesión de funcionarios municipales y de Serviu, las llamadas que no cesaban, ahí aferrado a su casa sin apoyo ni contención psicológica, sin información honesta que le diera alguna esperanza de una salida, acabaron por quebrarlo. Comenzó a vender sus cosas, con el dolor de su alma se desprendió de todo para irse a otro lugar, pero en realidad su alma ya estaba agotada; no podía seguir adelante. Hasta que la noche del 07 de julio acabó con su vida.

Cómo se puede actuar con tanta frialdad, cómo se puede intentar desplazar sin más de la tierra sobre la cual se ha depositado todo lo que se tiene, cómo se puede lanzar así a la pobreza más dura sin compasión a cientos de personas, cómo, ni un solo funcionario municipal de un pueblo tan pequeño como lo es San Rosendo no siente un ápice de empatía que se entrega totalmente a una causa vil y cruel en contra de su propia gente, cómo el alcalde, nacido y criado viendo esos rostros de sacrificio y sufrimiento no les defiende a muerte. Repito, Fernando sólo pedía tiempo, nada más.

Detrás de todo está el poder, el que oprime, el que corrompe, el que enfría y resta humanidad. Es así como se ha llegado a pensar que esa prisa tiene una sola razón de ser; hay una fuerza poderosa oculta que está decidida a hacerse del control de este territorio, obcecada en desechar la vida de los pobladores. Fuerza y suma urgencia que, en el fondo, es el capital.

La urgencia ha sido tal que ni siquiera se ha considerado la exigencia de los pobladores de analizar cada caso individualmente, realizar un estudio serio y detallado del terreno o, al menos, esperar un tiempo evitando desalojos en medio del invierno. En su lugar, se ha optado por desalojar a más de 100 familias en el menor plazo posible; erradicarlos, tal como actuó la dictadura décadas antes.

¿Cómo explicar tanta sinrazón, tanta crueldad, tanto engaño, tanta arrogancia? Por eso es que para muchos el despoblado inédito de los cerros en San Rosendo podría responder a intereses ocultos que no los hará permanecer vacíos por mucho tiempo. Porque una teoría conspirativa duele menos que aceptar que alguien, pudiendo hacer algo más, decidió no hacerlo solo por ser ellos.

Desde un principio era evidente lo descabellado de la propuesta del Serviu, que pretendía declarar como zona de riesgo e inhabilitar todo ese sector. No tenía sentido en una comuna donde eso implicaba desplazar prácticamente a una décima parte de su población. Más aún, si se seguían realizando estudios con tal liviandad, pronto podrían calificar del mismo modo a más de un tercio del territorio de San Rosendo.

La autoridad local, desde el inicio, se mantuvo al margen del conflicto, sin cuestionar la decisión del Serviu, basada en informes carentes de rigurosidad técnica y metodológica, sin estudios de suelo ni evaluaciones críticas que justificaran un desalojo de tal magnitud. Lejos de asumir un rol de mediador, el alcalde y la municipalidad avalaron la acusación de ocupación irregular, pese a que muchas familias habitaban el lugar desde hacía décadas con autorización municipal y bajo promesas de regularización reiteradas incluso en campañas electorales.

Frente a la crisis, la autoridad local se replegó, evitó enfrentar a la comunidad, los dejó solos frente a organismos estatales impositivos, intentó dividirlos, minimizó su dolor y no ofreció apoyo psicológico alguno, ni siquiera tras la muerte de Fernando, haciendo ver que su acción era deliberada y útil al desenlace que finalmente se produjo.

Las personas que viven ahí sienten un profundo arraigo por su tierra incluso mayor al que pudiera sentir el resto de la población, y cuando salir de ese sitio, es tener que irse del pueblo, es acabar con ellos en vida extinguiendo sin más su ánimo de seguir viviendo.

Al parecer en San Rosendo unas vidas valen más que otras, y una vida marginada es fácilmente desechable, cuestionar su propiedad es un mero trámite burocrático. Primero se invoca la urgencia, leyes de excepción que definen un enemigo al que deben erradicar en nombre del bienestar y la protección de la vida, que nunca es la de ellos, sino siempre la de alguien más. El poder local acata o “queda mal” frente a los poderosos.

Lo ocurrido aquí no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia histórica y sistemática: segregar, marginar y debilitar hasta neutralizar toda forma de resistencia. De forma paulatina, se desfigura la imagen de la comunidad, se deshumanizan sus vidas bajo una lógica que privilegia el control por sobre el cuidado.

Esta deshumanización no es accidental: es el mecanismo que permite justificar el despojo, amparado en una mirada instrumental que reduce a las personas a meros obstáculos que, en el mejor de los casos, a una cifra.

Así actuaron Serviu y el municipio, en complicidad, convencidos de que bastaba con sembrar miedo, dividir y dejar morir si era necesario. Ambos jamás reconocerán que la muerte de Fernando estuvo marcada por el contexto de amenaza, incertidumbre y persecución diaria al que se sigue sometiendo a la comunidad, y que sus decisiones u omisiones fueron clave en el desenlace que finalmente se impuso.

Es la Necropolítica a nivel micro y macro. Pero hay que saber que donde hay poder, hay resistencia, lo complejo a veces es organizarla; de la primera afrenta sí estamos seguros: alzar la voz para combatir el silencio.