San Rosendo: Necropolítica y capitalismo de muerte (Parte I)

“¿Cómo es posible que un poder político exponga a la muerte a sus propios ciudadanos?”, se preguntaba Michel Foucault hace ya medio siglo atrás. Décadas más tarde, al inicio de nuestra era, el filósofo camerunés Achille Mbembe retomó esa inquietud y ofreció una respuesta provocadora, acuñar el concepto de “necropolítica”.

Con el término se refería a una forma de gobernar en que la soberanía del Estado se ejerce como poder de matar, de dejar vivir o de exponer a otros a la muerte, manteniendo a algunos con vida, pero mutilándoles, quitándoles la valía, los sueños y las esperanzas de seguir viviendo. Sometiéndolos a “condiciones de existencia que les confieren el estatus de muertos-vivientes”.

La noche del 07 de julio del año en curso, Fernando González se quitó la vida. Al igual que otro sinnúmero de familias, durante meses fue notificado, presionado, humillado y acosado hasta la amenaza por el Estado, a través de sus diferentes instituciones, que llegaban hasta lo alto del cerro en donde vivía para forzarlo a dejar su hogar para siempre.

Medio siglo atrás, en plena coyuntura crítica del sector agrario, la zona de “Antenas” de San Rosendo comenzó a ser poblado por familias medieras del campo que, así como los padres de Fernando, se veían forzados a migrar desde diferentes sectores rurales del pueblo en busca de mejores oportunidades, pero, además, a la espera de un sueño: ser propietarios alguna vez.

Se establecían en ese lugar por dos razones fundamentales, por una parte, el permiso explícito de la autoridad local para ocupar un sitio en esa zona, y por otra, el apacible entorno semi rural, donde pudieron mantener prácticas y formas de vida campesinas al ocupar, de forma libre y colectiva, las laderas del cerro para la siembra y la crianza de los animales.

Poco a poco, el lugar se fue poblando de otras familias sin tierra ni sitio en que asentar sus casas, teniendo en el transcurrir de medio siglo el beneplácito estatal, con promesas que -hasta la última campaña electoral- les hacían ver que ese sería el lugar donde vivirían para siempre.

En todo ese tiempo, muchos ya eran dueños. Con mucho esfuerzo habían comprado a propietarios originales y al Serviu, mientras el municipio continuaba autorizando el uso de sitios para construir otras viviendas ahí.

Así, durante años el Estado a través de diferentes instituciones legitimó y dio validez a este asentamiento, pavimentó calles, instaló red de agua potable y alcantarillado, reforzaron la tierra de gaviones, dotaron de alumbrado público y suministraron electricidad a cada vivienda. Entonces, haciéndoles entender que ese sería el sitio que habitarían el resto de sus vidas, las familias invirtieron cada peso que tuvieron en sólidas construcciones.

Pero, hace exactamente un año atrás, en medio de un crudo sistema frontal el asentamiento sector Antena de San Rosendo había sido afectado por deslizamientos de tierra, resultando algunas familias damnificadas. Sin mayor trascendencia, el tiempo siguió su curso. Hasta el verano de 2025, cuando súbitamente el Serviu notifica a decenas de familias de que sus casas estaban emplazadas en una toma irregular y, más grave aún, sobre un terreno considerado de alto riesgo geológico, decretando su desalojo inmediato.

Así, llegaron los burócratas a liquidar el alma de todos. De acuerdo a informes que se negaban a transparentar, debido a su deficiente elaboración, debían desalojar de forma inminente sus viviendas, no había tiempo, debían hacerlo ahora.

De manera deliberada se sumió a la población en una incertidumbre total, los informes técnicos que confirmaban la presencia de una ladera inestable con riesgo de remoción de masas habían sido elaborados a partir de imágenes tomadas por dron, sin un estudio detallado que, caso a caso, estableciera las zonas de mayor o menor riesgo. El objetivo: forzar el desplazamiento de toda la población.

Serviu ofreció subsidios de arriendo “para quienes cumplan con los requisitos” en una comuna sin arriendos disponibles, y una “solución definitiva” de subsidio para la compra de vivienda para quienes “calificaban para la medida”.

El municipio, invalidado como mediador debido a su incapacidad de establecer canales democráticos de diálogo, por no alentar la creación de mesas de trabajo en que las familias afectadas fueran también escuchadas, fracturar la confianza de los vecinos en promesas sin efecto y al no asumir su defensa incondicional ante la arbitrariedad de la institucionalidad, rápidamente se fue plegando al despotismo estatal, haciendo su parte en presionarlos diariamente hasta la saciedad.

Es la peor crisis humana del pueblo en este siglo y Fernando González solo pedía tiempo, para organizarse, para ver qué hacer puesto que no calificaba a los beneficios habilitados, lo cual sigue siendo la suerte de muchas otras familias. El Estado los dejaba morir en vida, arrojándolos a la desposesión y sometiéndolos a diario a una presión despiadada de todas las instancias estatales locales y gubernamentales.

Abandonado a su suerte, Fernando llegó hasta el Congreso donde anunció la única vía que le quedaba: terminar con su vida. Hace unas semanas, Fernando, agotado por la desesperación, comenzó a vender sus cosas, sus muebles nuevos que había comprado no hace mucho, resignado a exiliarse en Santiago dejando una inmensa casa hecha de sus propias manos de constructor, en la que había volcado los ahorros de toda su vida.

En su caso, no podría salvar nada, todo estaba perdido. Su humanidad estaba desecha, disuelta en la incertidumbre y la inseguridad de haberlo perdido todo y tener que comenzar de nuevo, cuando, además, en algunos años estaría a punto de enfrentarse al despojo de una jubilación de hambre que jamás sería suficiente para recuperar siquiera en parte lo perdido.

Lleno de contradicciones, Fernando ya no dormía por las noches. Afuera, la presencia constante de la policía lo amedrentaba; adentro, el teléfono no dejaba de sonar con voces insistentes que querían saber cuándo se iría. Las promesas que alguna vez le hicieron se desvanecían una a una, dejándolo en una orfandad total, frente a la indiferencia de un Estado obstinado en despojarlo por completo.

*La columna continúa en una segunda parte que será publicada más adelante.