
Con persecución penal: Presentan proyecto que prohíbe terapias hormonales y cirugías de sexo en menores de edad
Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca prohibir los tratamientos de terapias hormonales y las cirugías de cambio de sexo en menores de 18 años atendiendo a un informe técnico de la Comisión Especial Investigadora (CEI).
En ese sentido, además de prohibir, la iniciativa sanciona penalmente a aquellos profesionales que implementen estos tratamientos.
El informe de la CEI había sido aprobado por 7 votos a favor y 6 en contra, y recomendaba terminar el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG).
Esta iniciativa está dirigida a menores de entre 3 a 17 años trans o de género no conforme, y busca entregar apoyo psicosocial a niñas, niños y adolescentes, junto con sus familias
El informe de la CEI generó una reacción inmediata en la Defensoría de la Niñez, organismo que lamentó la recomendación y acusó que el debate no contó con la participación de los usuarios del programa.
"No hay evidencia científica"
El proyecto fue presentado por la diputada Karen Medina (IND-DC), junto a Francesca Muñoz (PSC), Diego Schalper (RN) y Mauro González (RN).
”Protege a nuestros niños y adolescentes de intervenciones irreversibles que hasta hoy no poseen respaldo científico suficiente”, explicó Medina.
Los diputados sostienen que a nivel país no existe "un registro ni control real sobre estos procedimientos".
A su vez, "la evidencia internacional demuestra que pueden generar daños permanentes e irreversibles".
Respecto al contexto internacional, los autores del proyecto sostienen que países que han permitido estos tratamientos recientemente han retrocedido.
"Como en el caso del Reino Unido, Finlandia, entre otros países que ya prohibieron lo que son los tratamientos hormonales en niños y las cirugías en los adolescentes”, señaló.
Sanción penal
El proyecto también acusa penalmente a los profesionales de la salud que implementen este tipo de tratamientos en menores de edad.
En ese sentido, se plantea la posibilidad de que pierdan su licencia. A su vez, la persecución penal no prescribirá.
En tanto, los afectados podrán iniciar la acción judicial en un plazo de 50 años desde que cumplen los 18 años.