La necesidad de legislar sobre los oligopolios
Fue hace pocos días cuando la publicación de una carta, de cara a las próximas elecciones de fin de año, de un “distinguido” grupo empresarial clamaba por una lista única de entendimiento político de todo el sector de la derecha chilena. Bastante inédito y patético que por la prensa expresaran la preocupación o tensión que visiblemente los embarga. El foco de su tensión está claro: la indescifrable lectura del fenómeno de la candidata Jeannette Jara.
Fenómeno, porque, fuera de cualquier intento deshonesto intelectual que llena las publicaciones y comentarios de “entendidos” en la materia, la votación que logró en tan poco tiempo sin duda escapa, tradicionalmente, a una población con sentimiento o sentido comunista, como intentan posicionar. Más bien, es la expresión de un relato común que habla del origen de tantas chilenas y chilenos que han partido desde la nada.
La sintonía no es otra, porque, además, es comunicado con claridad y profundidad, ocasionando que las personas nuevamente se movilicen a creer y se sientan representadas. Se intuye que esto va más allá de lo propiamente político, lo que puede llegar a tener implicancias incluso en las listas de los futuros congresistas electos.
Pero ¿por qué tanto temor desde los grandes grupos económicos? Simple: Chile, uno de los países más ultraneoliberales del planeta, mantiene una estructura de mercado altamente concentrada. Una economía de fachada competitiva, donde la “libre competencia” es un chiste.
En sectores vitales como la salud, la alimentación, la banca o el transporte, el poder está concentrado en muy pocos. Y ese poder se traduce en precios más altos, menor calidad de servicio, escasa innovación y, por supuesto, una exclusión sistemática de los pequeños productores o actores locales.
Veamos: según fuentes disponibles y datos -entre otros- de la FNE, SUBTEL, FAS, en telecomunicaciones móviles cuatro compañías (Entel, Movistar, Claro y Wom) concentran el 98% del mercado.
En internet fijo, dos empresas (Movistar y VTR) controlan el 55%. En supermercados, cuatro cadenas (Walmart, Cencosud, SMU y Tottus) dominan el 53%. En banca, cuatro entidades (Santander, Banco de Chile, Banco Estado y BCI) abarcan el 66%. En farmacias, tres cadenas (Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada) concentran el 60%. En combustibles, COPEC supera el 50% de participación.
En gas, Abastible y Lipigas controlan más del 70%. En celulosa, Arauco y CMPC tienen un duopolio de más del 80%. En transporte aéreo, LATAM, SKY y Jetsmart suman el 100%, siendo LATAM dueña de más del 65%. En buses interurbanos, Tur Bus y Pullman concentran el 72%.
Y podríamos seguir con muchos más mercados y la historia sería la misma. Al final, queda la sensación de que las personas están atrapadas en una economía que no les permite elegir ni competir, pagando precios inflados por servicios básicos y, peor, que se ven sometidas a condiciones impuestas por pocos.
¿Y la legislación? En Chile es prácticamente inexistente en esta materia. La FNE puede pronunciarse sobre fusiones o colusiones a posteriori, pero no tiene ni herramientas preventivas, ni menos sancionatorias que sean reales frente a la concentración estructural.
Mientras tanto, países como EE.UU., Alemania o Reino Unido -todos neoliberales, capitalistas y desarrollados- cuentan con agencias que vigilan, sancionan y que, cuando es necesario, obligan a dividir empresas para proteger la competencia y el interés público.
Entonces, ¿por qué en Chile no? ¿Por qué se permite que esta concentración dañe por décadas la calidad de vida de las personas? Porque claramente no estamos ante un problema técnico, sino estructural y político. El modelo económico chileno está diseñado para favorecer la acumulación y el enriquecimiento de unos pocos. No es para nada un accidente, es una arquitectura institucional que lleva más de 40 años funcionando sin mayores alteraciones.
Las consecuencias no son menores: precios por encima del costo marginal, barreras de entrada para nuevos competidores, estancamiento de la productividad, baja innovación, pérdida de diversidad productiva y, lo peor, cooptación política y la consecuente captura regulatoria.
Finalmente, pensando en este grupo de empresarios, de otra manera no se entiende la mencionada carta que enviaron, porque el verdadero temor no es el comunismo. El verdadero temor está en la regulación de los privilegios que nunca les han sido tocados y que tienen a Chile como uno de los países más desiguales del mundo.
¿En la postdictadura ha gobernado el centro, la derecha, la izquierda, o han sido los grandes empresarios? ¡Legislación ahora!
