El reconocimiento condicional de Keir Starmer: ¿Un saludo a la bandera?
El 29 de julio de 2025, el primer ministro británico Keir Starmer anunció públicamente que el Reino Unido reconocerá formalmente al Estado de Palestina en septiembre, salvo que Israel acuerde un alto al fuego y se comprometa con una solución de dos Estados. “El sufrimiento debe terminar”, declaró.
La medida fue celebrada por la misión diplomática palestina en el Reino Unido, que la calificó como “el primer paso significativo para abordar la profunda injusticia arraigada en la Declaración Balfour de la época colonial y las décadas de negación sistemática de los derechos palestinos que le siguieron”.
En efecto, se trata de un giro relevante en la política británica respecto a Palestina. Sin embargo, conviene formular algunas apreciaciones críticas que permitan dimensionar adecuadamente el alcance real de este anuncio.
En primer lugar, el reconocimiento británico está supeditado a la voluntad de Israel. Se trata, por tanto, de un reconocimiento instrumentalizado: se ofrece como amenaza o incentivo político, no como el cumplimiento de un deber ético y jurídico del Reino Unido frente al pueblo palestino.
Esta postura desconoce que el Estado de Palestina cumple con los criterios clásicos establecidos por la Convención de Montevideo de 1933: un territorio determinado, una población permanente, un gobierno y la capacidad de entablar relaciones con otros Estados.
Incluso si se adopta la tesis que sostiene que la existencia de un Estado requiere un número relevante de reconocimientos internacionales, los hechos son elocuentes: más de 140 Estados -aproximadamente el 75% de los miembros de Naciones Unidas- ya reconocen a Palestina como Estado. Todo ello refuerza la conclusión de que Palestina, en términos jurídicos, ya es un Estado.
En segundo lugar, la decisión del gobierno de Starmer contrasta, en parte, con su política en relación con Gaza. El Ejecutivo laborista ha criminalizado a grupos pro-palestinos como Palestine Action, calificándolos como organizaciones terroristas. Si bien ha suspendido cerca de 30 licencias de exportación de armas a Israel, argumentando que existía un riesgo de que pudieran ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario, ha mantenido intacta su participación en el programa de los aviones F-35.
Según el gobierno, esto se debe a que “la cadena de suministro global del F-35 es vital para la seguridad del Reino Unido, de nuestros aliados y de la OTAN”, pese a que dichos aviones son empleados por el ejército israelí en operaciones sobre Gaza. En este contexto, el reconocimiento de Palestina es sin duda significativo, pero claramente insuficiente.
El Reino Unido dispone de una capacidad real de influencia sobre Israel, que podría ejercer mediante medidas más eficaces: suspender la venta de armamento, imponer sanciones a funcionarios israelíes y colonos responsables de violencia en Cisjordania, o promover embargos y acciones diplomáticas multilaterales.
Más aún, no se trata solo de una posibilidad política: el Reino Unido tiene la obligación de actuar. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio -tal como ha sido interpretada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)- establece obligaciones erga omnes, es decir, deberes que competen a todos los Estados, incluida la prevención activa de actos de genocidio.
Como sostuvo la Corte en casos como Barcelona Traction, existen obligaciones cuya protección incumbe a la comunidad internacional en su conjunto. Ante la situación en Palestina -donde múltiples voces, incluidos informes de organismos internacionales e incluso organizaciones israelíes, han concluido que se estarían cometiendo actos constitutivos de genocidio- el Reino Unido no puede permanecer inactivo.
Asimismo, el anuncio adolece de ingenuidad o de cálculo político al confiar en la presunta buena voluntad del gobierno de Benjamin Netanyahu. La historia desmiente esa expectativa: desde hace más de siete décadas, Israel ha implementado políticas que marginan y excluyen sistemáticamente al pueblo palestino. La propia CIJ ha identificado prácticas y políticas israelíes que vulneran el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y, según algunos jueces, constituyen un régimen de apartheid.
Netanyahu, en particular, ha socavado durante décadas cualquier posibilidad real de una solución negociada. Ya en 2001 fue grabado jactándose del “fin de facto de los Acuerdos de Oslo” ante un grupo de colonos, y desde ha encabezado gobiernos que han intensificado la expansión de asentamientos ilegales y la militarización de los territorios ocupados. Pensar que este mismo liderazgo comprometerá a Israel con una solución justa y duradera resulta, como mínimo, ingenuo.
El Reino Unido repite así un patrón extendido en la comunidad internacional: se reconoce a Palestina, pero se rehúsa a adoptar las medidas necesarias para que ese reconocimiento tenga consecuencias prácticas. La falta de acciones concretas -como sanciones, embargos o presiones diplomáticas reales- convierte el gesto en un acto vacío, un mero saludo a la bandera.
Reconocer a Palestina es un paso necesario. Pero, en el contexto actual -marcado por la intensificación de la violencia, el colapso humanitario en Gaza y la persistencia de la ocupación-, no basta con declaraciones simbólicas. Se requiere voluntad política, coherencia y un compromiso genuino con el derecho internacional. El Reino Unido puede hacer más. Y debe hacerlo.
