Directora de CEUS: “La acción climática que no mira los derechos humanos termina siendo greenwashing”

Conversamos con Mariana Cruz Astudillo, abogada y actual Directora Ejecutiva de CEUS Chile, quien nos refirió acerca de las metas que se ha puesto el país en su nueva NDC. Dicha organización de la sociedad civil se dedica a la justicia ambiental y climática, con enfoque en la participación juvenil e incidencia política. Cuenta con estatus de observador ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), ha participado activamente en versiones anteriores de la Conferencia de las Partes (COP), y actualmente se prepara para asistir a la próxima cumbre climática que tendrá lugar en Belém do Pará, Brasil. La organización también ha desempeñado un rol clave en el proceso de formulación de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), especialmente en lo que respecta a la inclusión de la NDC como instrumento legal con metas vinculantes.

Esta será la primera NDC que se presenta bajo el amparo de dicha ley, la cual establece plazos, obligaciones concretas y un objetivo de Carbono Neutralidad al año 2050. Según Cruz, esto representa un avance significativo para Chile, ya que otorga mayor fuerza legal y abre espacio para la participación ciudadana. No obstante, advierte que el principal desafío radica en su implementación. Aún existe la posibilidad de introducir mejoras legislativas durante el actual período presidencial, pero considerando la incertidumbre política de cara a las próximas elecciones, el tiempo para hacerlo es limitado.

Desde el año 2022, las NDC de Chile han incorporado con fuerza el concepto de Transición Socioecológica Justa. En ese contexto, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades sociales que enfrentan las personas en el país frente a la crisis climática? ¿Y qué beneficios concretos puede traer un reenfoque de las políticas públicas hacia la resiliencia climática y la justicia social?

Desde el año 2022, las NDC de Chile han incorporado con mayor fuerza el enfoque de Transición Socioecológica Justa. Este concepto responde a una demanda ciudadana por visibilizar la relevancia de los factores sociales en las acciones de mitigación y en el diseño de la transición energética. “Chile es muy vulnerable a los efectos del cambio climático, en materia de biodiversidad, pérdida de borde costero, etc. Pero todas esas pérdidas y vulnerabilidades se asocian también a las propias desigualdades y conflictos sociales que existen desde Arica a Punta Arenas”. Estos conflictos, además, son tan diversos como la propia geografía del país. Incluso los modelos de energía renovable a gran escala han generado disputas socioambientales, afectando tanto a comunidades históricamente impactadas como a otras que por primera vez enfrentan estas problemáticas.

Reorientar las políticas públicas hacia la resiliencia climática y la justicia social puede generar beneficios concretos. Permite anticiparse a los impactos del cambio climático mediante políticas preventivas, y a la vez, abre espacio para acciones de reparación. “Eso se relaciona también con la justicia social y la justicia climática, hacerse cargo de lo que ya sucedió, de lo que está actualmente y también mirar hacia el futuro, que implica no volver a repetir los patrones de inequidad en las políticas públicas ambientales”. Si la crisis climática se sitúa en el centro de los planes sociales, será posible avanzar hacia soluciones que fortalezcan la resiliencia de las comunidades y sus actividades propias. En definitiva, se trata de construir un Nuevo Modelo de Desarrollo, donde esta transición acelerada no sea un tope, sino una oportunidad de progreso.

La nueva NDC también pone énfasis en la descentralización y en el fortalecimiento de la gobernanza multinivel como condiciones necesarias para alcanzar las metas climáticas. Esta es, además, la primera NDC que se presenta en el marco de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), la cual exige procesos participativos vinculantes en la toma de decisiones. ¿Qué potencial real tiene esta ley para garantizar una participación efectiva tanto de la ciudadanía como de los gobiernos regionales y locales?

La gobernanza multinivel tiene sus beneficios; sin embargo, la NDC no tiene por objeto descentralizar o fortalecer directamente dicha gobernanza. Las contribuciones nacionales establecen compromisos climáticos y evalúan si los marcos existentes pueden ser aplicados en el contexto país. En ese sentido, la funcionalidad de la gobernanza multinivel está comprobada en otras regiones, pero su eficacia en Chile aún depende de varios factores estructurales.

En relación con la participación ciudadana, la LMCC tiene potencial para garantizarla, pero coexiste con otros instrumentos que no están suficientemente articulados, lo que reduce su efectividad. Además, su implementación está condicionada por el presupuesto y las capacidades del organismo responsable, particularmente del Ministerio del Medio Ambiente, que enfrenta serias limitaciones institucionales. Como señala la propia experiencia, la capacidad de este ministerio para coordinar planes sectoriales, regionales y comunales es restringida debido a su tamaño y recursos disponibles.

A nivel local ocurre algo similar: aunque existen procesos participativos en la elaboración de planes comunales, su impacto es limitado si no existen medios para implementarlos. “No es un problema el sistema de gobernanza en sí, sino que es un sistema que no está asociado a plata ni a una coordinación central”. Por ello, resulta fundamental que se diseñen procesos que integren de forma coherente los distintos instrumentos nacionales, asegurando su conexión con las próximas NDC.

Considerando que la LMCC establece la obligación de elaborar planes de acción regionales y comunales de cambio climático ¿Qué desafíos enfrentan actualmente las comunidades y los gobiernos subnacionales para cumplir con estas nuevas exigencias? ¿Crees que habrá un acompañamiento efectivo desde el gobierno central, particularmente en términos de financiamiento, fortalecimiento de capacidades locales y fiscalización?

Según un informe de Contraloría, de las 365 municipalidades solo 22 contaban con el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC), eso solo representa un 6% del total; mientras 147 iniciaron su proceso de elaboración; 107 no lo han comenzado; y 20 municipalidades ni siquiera respondieron. Por otro lado, la Contraloría aclaró que no tiene competencia para sancionar a alcaldes ni a servicios comunales, lo que deja un vacío legal sin una autoridad definida para estos procedimientos.

“Hay una vulnerabilidad de los municipios en general, los cuales ya tienen que cumplir con un montón de atribuciones en materia ambiental”. Además de estar sobrecargados, muchos no cuentan con las herramientas necesarias para asumir estas responsabilidades. Es fundamental que el Gobierno los acompañe; si se les proporcionan los medios para capacitar a los funcionarios locales sobre la importancia de estos planes, seguramente los elaborarán. Sin embargo, este es un ejercicio previo a la implementación obligatoria de los planes comunales.

 Según los compromisos asumidos en materia de mitigación, este año Chile debería alcanzar su peak de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, aún hay centrales a carbón en operación y recientemente se ha aprobado la Ley Marco de Permisos Sectoriales, que podría flexibilizar ciertos procesos de evaluación ambiental. En este escenario, ¿Cuáles son las perspectivas reales de cumplir con los compromisos internacionales? ¿Estamos avanzando a la velocidad que se requiere, o se necesita aplicar mayor presión a los principales emisores?

Existen sectores que han disminuido sus emisiones como hay otros que incluso las han aumentado. Las proyecciones del IPCC en este último tiempo indican que estamos muy atrás, y que, “si bien Chile, obviamente, puede hacer sus esfuerzos, también depende de la voluntad del exterior, de cómo se comporte el contexto geopolítico y del compromiso que tengan sus autoridades para, en verdad, alcanzar la Carbono Neutralidad de aquí al 2050”.

La ley de permisos sectoriales podría representar un daño significativo a los avances hacia la Carbono Neutralidad. Contiene artículos polémicos, como la inamovilidad normativa que otorga permisos por 8 años sin posibilidad de modificaciones durante ese período, lo cual resulta inviable frente a las condiciones cambiantes del clima y las necesidades sociales. “La acción climática que no mira los derechos humanos ni la justicia termina siendo greenwashing”. En un contexto de crisis climática, imponer estas restricciones podría dificultar la aplicación ágil de planes de adaptación de emergencia, afectando la capacidad de respuesta oportuna. Si no se consideran adecuadamente los aspectos técnicos y dinámicos, esta legislación se podría convertir en un arma de doble filo que podría obstaculizar, en lugar de facilitar, una Transición Socioecológica Justa.

Los procesos de permisos no son exclusivos del ordenamiento jurídico medioambiental chileno, sino que existen en otros países, no son una cuestión antojadiza, hay evidencia de sus resultados. La gestión de riesgo de los servicios sectoriales son herramientas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades aledañas a los proyectos; contabilizar los factores del cambio climático; y asegurar que la inversión cuente con un retorno ¿Qué pasará con las grandes instalaciones de energías renovables? ¿Acaso se volverán a perpetuar las zonas de sacrificio? Un proceso de Transición Socioecológica Justa no va a mejorar con esta facilidad de permisos, más bien puede agudizar los conflictos. “El problema está en haber pensado que estos procesos de transformación energética, o los procesos de descarbonización iban de la mano necesariamente con llegar y dejar pasar inversión a través de este tipo de normas”. 

Parte importante de la acción climática tiene que ver también con reconocer que la mitigación y la adaptación como ejes no pueden pasar por encima de los derechos de las comunidades, territorios, pueblos indígenas y de grupos vulnerables. Hay que adoptar una postura crítica ante los planes de carbono neutralidad para impedir que esta se consiga perpetuando las inequidades ya existentes.