Pescadores artesanales presionan al Congreso por plataforma que les garantice salud, previsión y seguridad laboral
En medio del avance legislativo de la nueva Ley de Pesca y a solo días de haberse promulgado la Ley de Fraccionamiento Pesquero, la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal exigió al Congreso Nacional ser incluida en la discusión del Título III del proyecto.
Dicha sección contempla la creación de una Plataforma Social para el sector artesanal y el uso de las subastas de licencias de pesca industrial como principal fuente de financiamiento.
La petición, presentada por diversas agrupaciones del rubro, busca visibilizar las históricas demandas de un sector que, según sus dirigentes, ha sido relegado a condiciones de precariedad, desprotección social y falta de reconocimiento.
“Tenemos esperanza, porque el presidente Gabriel Boric ha reafirmado su compromiso con mejorar las condiciones para la pesca artesanal a través de una Plataforma Social”, declaró Hernán Cortés, presidente de la CONDEPP.
El dirigente agregó que ya es tiempo de responder a una “deuda histórica” con más de 90 mil pescadores artesanales y sus familias, quienes muchas veces no tienen acceso a derechos fundamentales como salud, pensiones o seguros frente a emergencias.
Desde la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, su presidenta Sara Garrido fue categórica al recordar la tragedia del caso Bruma, con siete pescadores desaparecidos sin que existiera red de apoyo alguna.
“No queremos limosnas, queremos justicia. No queremos más viudas en el absoluto abandono, por eso es fundamental una Plataforma Social que se haga cargo de los reales problemas de los pescadores y sus familias”, sostuvo.
¿Cómo financiar la plataforma social?
Uno de los puntos clave para los dirigentes es el financiamiento sostenible de esta plataforma, para lo cual proponen utilizar parte de los ingresos generados por las subastas de licencias industriales (LTP-B).
“Hoy existe una oportunidad real y es que el Estado use lo que recauda con las subastas industriales para proteger a quienes sí se la juegan todos los días en el mar”, afirmó Pascual Aguilera, presidente de CORANOR.
Aguilera precisó que este mecanismo permitiría independencia del presupuesto fiscal y evitaría la dependencia de decisiones políticas transitorias, otorgando además mayor sostenibilidad y justicia distributiva al sistema.
El diseño de esta Plataforma Social incluiría beneficios como seguro de accidentes en faena, salud subsidiada, previsión, reconversión laboral y apoyo en casos de discapacidad.
Por su parte, Miguel Ángel Hernández, dirigente de la Federación Nuevo Amanecer, denunció las diferencias económicas entre las licencias asignadas directamente y aquellas subastadas.
“Mientras las licencias asignadas a dedo se pagan a $17 por kilo, las subastadas alcanzan $115 por kilo. El Estado pierde millones al subsidiar a los grandes grupos. Es hora de corregir esa injusticia”, indicó.
Finalmente, la Alianza señaló que apoyar esta Plataforma Social no solo es un acto de justicia con los pescadores, sino también un requisito ético para legitimar una reforma pesquera duradera.
“La industria pesca bajo reglas escritas con corrupción. Hoy, la única forma de construir un nuevo pacto con el mar, es asegurando protección digna a quienes lo cuidan de verdad”, cerró Hernán Cortés.
