Nuevos lentes para leer mejor la desigualdad y la democracia

El informe final de la Comisión Experta Asesora Presidencial para la Actualización la de la Medición de la Pobreza en Chile -una propuesta de carácter consultivo y no vinculante- pasó casi desapercibido, pero trae un hallazgo ineludible: al ajustar la “lupa” en la Encuesta CASEN 2022, la pobreza salta del 6,5% al 22,3%.

No es que de la noche a la mañana millones de chilenas y chilenos hayan caído en la indigencia. Lo que sucede es que antes medíamos con parámetros de 2011, omitiendo gastos y el acceso a múltiples dimensiones del bienestar que hoy son imprescindibles. Este cambio no solo obligará a rediseñar los programas sociales, sino que también arrojará nueva luz sobre la fragilidad de la democracia chilena.

Tres innovaciones fundamentales en la medición explican este salto en la tasa de pobreza:

• Primero, el enfoque multidimensional se actualiza con nuevos criterios clave: además del ingreso familiar, se evalúan carencias en aprendizaje (nivel educacional), asistencia a controles preventivos en la infancia, dependencia funcional, hogares donde alguien no trabaja por cuidar a otros, asequibilidad de la vivienda y conectividad digital.

• Segundo, la actualización de la canasta de bienes y servicios con precios reales, desde lo que vale alimentarse de forma saludable hasta el uso mínimo de internet y teléfono móvil para reflejar el costo de vida actual.

• Tercero, la diferenciación de las canastas según región y grado de urbanización. Porque vivir en Magallanes, en Camar (Antofagasta) o en Santiago, no cuesta lo mismo.

Con estos tres ajustes, emergen realidades que antes quedaban ocultas al radar oficial y que hoy exigen respuestas de políticas específicas.

Esta nueva información tiene implicaciones directas en política pública y en la calidad de nuestra democracia. Con respecto a lo primero, programas sociales que parecían efectivos podrían estar fallando en cubrir buena parte de la población vulnerable.

Si sabemos que poco más de dos de cada diez chilenos no cubren lo que realmente necesitan, debemos replantear las transferencias, focalizar las ayudas y diseñar estrategias específicas para cada territorio y condición de vida. De nada sirve una política que trate igual a un hogar que carece de agua potable y a otro que, con un ingreso apenas superior al umbral, paga arriendo e internet sin mayores apuros.

Pero esto va más allá de estadísticas, subsidios, programas sociales e infraestructura. El vínculo entre desigualdad y democracia se vuelve evidente cuando constatamos que las familias de los estratos C3, D y E (es decir el 66% de la población considerada de sectores emergentes, pobres o pobres extremos) responden con desconfianza al preguntarles si sus voces importan; si las autoridades las escuchan, si tienen confianza en las instituciones políticas o si creen que sus vidas mejorarán.

No sorprende que la idea de democracia real se diluya si tus hijos van a un colegio sin materiales para sus tareas, si no hay locomoción para llegar al hospital o si no puedes costear la conexión a internet para cumplir con el ensayo que pidió el instituto. La democracia no es solo votar cada cuatro años; es sentir, día a día, que el Estado responde a tus necesidades y que puedes ejercer tus derechos en múltiples dimensiones.

Con respecto a la calidad de nuestra democracia también existen cambios que pueden ser gravitantes.

Actualizar la medición de la pobreza revela carencias antes invisibles y nos obliga a reconocer que más de 4.1 millones de personas viven al margen de nuestras políticas, al margen de la democracia. Ese diagnóstico debe traducirse en un compromiso político: visibilizar esas brechas en la agenda pública, identificar quiénes quedan fuera del radar oficial y asumir la responsabilidad de atender derechos y demandas.

Para ello, es esencial diseñar respuestas focalizadas y multidimensionales: centros comunitarios con acceso gratuito a internet y alfabetización digital donde no llega la red; comités vecinales de seguridad y desarrollo, que reúnen a residentes y autoridades para diagnosticar problemas locales y supervisar proyectos; instalación de alumbrado público LED en zonas de alta criminalidad para mejorar la visibilidad y la sensación de seguridad y; transferencias monetarias que vayan acompañadas de iniciativas para fortalecer la autonomía y la dignidad de las personas.

Para que el crecimiento económico beneficie a todos, es necesario crear empleos dignos y un mínimo garantizado de derechos sociales básicos. Esto se puede lograr a través de cláusulas de responsabilidad social en las inversiones y mecanismos de participación local. Por ejemplo, presupuestos participativos y consultas comunitarias sobre infraestructura que permitan a la ciudadanía influir en las decisiones que afectan su vida diaria.

En suma, políticas de cohesión social para acercar a la ciudadanía a las políticas públicas y la toma de decisiones sobre aspectos centrales de su vida cotidiana, reducir las desigualdades y fortalecer la convivencia.

Con un enfoque integral que visibiliza, responde y redefine la experiencia democrática, se podrá construir un Chile donde votar sea el inicio de una democracia experimentada, palpable en la seguridad, la salud, la educación y el poder de decisión ciudadana; una sociedad que garantice verdaderamente la igualdad de acceso a oportunidades y servicios.