Avanza ley que impide a deudores de alimentos acceder a fondos públicos para proyectos de ciencia
Un paso clave hacia la justicia y la responsabilidad en el uso de fondos públicos se dio esta semana con la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que modifica la Ley N° 14.908, en desmedro de deudores de alimentos.
La normativa, que ya está lista para convertirse en ley, establece que toda persona inscrita en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos quedará inhabilitada para postular o recibir recursos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
Este avance legislativo responde a una preocupación levantada por la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, que ya en abril de 2024 había solicitado al Ejecutivo acciones concretas para asegurar que los recursos destinados a investigación no beneficien a quienes incumplen obligaciones parentales.
En ese contexto, se presentó el proyecto de acuerdo Boletín N° S 2.531-12, aprobado por amplia mayoría.
¿Qué implica el proyecto?
“La lógica de este proyecto es simple. Si alguien no cumple con una obligación tan básica, como es la pensión de alimentos, no puede estar en condiciones de recibir fondos públicos, destinados precisamente a promover la ciencia, la formación o la investigación", explicó claramente la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry.
Desde el Ejecutivo no ven este proyecto como una especie de sanción hacia los deudores de alimentos, más bien como una condición.
"No es una sanción, sino que es una condición mínima de coherencia y también es un incentivo claro al pago porque si esa persona regulariza la deuda, puede postular”, explicó la secretaria de Estado.
Con esta modificación, la ANID deberá verificar, en dos momentos clave del proceso —al inicio de la postulación y al momento de la adjudicación—, si la persona se encuentra o no inscrita en el Registro Nacional de Deudores.
Si existe una inscripción vigente, el postulante quedará automáticamente fuera del proceso y no podrá ser adjudicatario de becas ni fondos para investigación.
Esta nueva ley representa la primera iniciativa legislativa liderada por el Ministerio de Ciencia y refleja el compromiso de la cartera con la equidad de género y la responsabilidad en el uso del financiamiento público. El trabajo ha sido coordinado con los ministerios de Justicia y de la Mujer y Equidad de Género.
