Repensar la obesidad desde la pertinencia cultural
Han pasado algunos días desde el inicio del solsticio de invierno, momento de escucha y renovación con la naturaleza -particularmente significativo para muchos pueblos indígenas del sur andino-, y es oportuno detenernos a reflexionar sobre cómo concebimos la salud en Chile.
Desde una perspectiva de salud colectiva, que reconoce que nuestras formas de vivir y enfermar están determinadas por condiciones sociales, ambientales, culturales y políticas, surge una pregunta ineludible: ¿hemos sido capaces de responder con pertinencia cultural a los problemas de salud que afectan transversalmente a la población? La persistencia de políticas uniformes, sin un real esfuerzo por comprender la diversidad territorial y cultural del país, revela que aún estamos lejos de construir respuestas verdaderamente pertinentes.
Según el Mapa Nutricional de Junaeb 2024, uno de cada dos niños, niñas y adolescentes presenta malnutrición por exceso, y sin embargo las políticas siguen apuntando al cambio de conductas individuales, sin atender los determinantes sociales, territoriales y culturales que sostienen este fenómeno. Sabemos que estos NNA poseen mayor prevalencia de malnutrición por exceso si pertenecen a sectores socioeconómicos más vulnerables (52,5% vs 47,8%), si,viven en zonas rurales (55,8% vs 50,4%), o si pertenecen a un pueblo originario (56,5% vs 50,4%).
En este escenario, el reciente Decreto 21, que aprueba el Reglamento sobre el Derecho de las Personas Pertenecientes a los Pueblos Indígenas a Recibir una Atención de Salud con Pertinencia Cultural, ofrece una oportunidad inédita.
Más allá de garantizar derechos, este reglamento puede ser una llave para repensar cómo diseñamos nuestras políticas públicas de salud: no como soluciones universales aplicadas desde el centro hacia las regiones, sino como estrategias construidas desde los territorios, en diálogo con los saberes, prácticas y formas de vida de las comunidades indígenas.
El Decreto 21 reconoce explícitamente que la salud no puede entenderse sin su dimensión cultural. Esta afirmación, que parece evidente, ha estado ausente en la mayoría de las políticas sobre obesidad.
Procesos históricos con reciente evidencia destacan que pueblos indígenas en Chile han vivido procesos de transformación alimentaria marcados por la colonización, la pérdida de soberanía alimentaria y el empobrecimiento de las dietas tradicionales. A esto se suma el abandono del Estado y la escasa infraestructura pública que promueva la actividad física y el acceso a alimentos frescos y saludables.
La implementación efectiva del Decreto 21 puede marcar un cambio de paradigma. No se trata sólo de incorporar “gestores culturales” en los centros de salud, sino de co-producir políticas de prevención con las comunidades, reconociendo y fomentando sus sistemas alimentarios tradicionales, sus formas de crianza y sus conocimientos sobre salud y cuerpo. Las ferias locales, los cultivos comunitarios, las prácticas ancestrales de recolección, la cocina tradicional y el uso del espacio público son parte de las soluciones.
Chile tiene hoy la oportunidad de asumir que la obesidad infantil no se resuelve con prácticas individuales, como planes educativos, pautas de alimentación o charlas. Aunque necesarias, tampoco son suficientes las políticas estructurales como la ley 20.606 que, entre otras cosas, establece etiquetados de advertencia sobre alimentos “Altos en”. Necesitamos transformaciones profundas en los entornos de vida y los sistemas alimentarios.
Eso implica asegurar acceso equitativo a alimentación saludable, fortalecer la educación alimentaria con enfoque comunitario, garantizar espacios para la recreación segura y activa, y, sobre todo, construir políticas en colaboración con los pueblos indígenas y otras comunidades históricamente excluidas. El Decreto 21 nos recuerda que la salud es un derecho colectivo. Y que la diversidad cultural no es una barrera para las políticas públicas, sino una riqueza desde la cual repensar el bienestar.
