¿Voto por obligación o por elección? El caso chileno y la experiencia internacional
El 13% de los países del mundo tienen voto obligatorio y la mayoría de ellos se encuentran en América Latina. La región concentra el mayor número de sistemas donde votar no solo es un derecho, sino también un deber ciudadano. Actualmente, en 11 de estos se exige por ley la participación electoral.
Chile es el caso más reciente: en 2022, restableció el voto obligatorio para elecciones y plebiscitos nacionales, tras una década de sufragio voluntario.
¿Pero por qué se tomó esta medida? La reintroducción del voto obligatorio por parte del Congreso chileno tuvo un impacto claro en la participación ciudadana, estableciendo una multa de a beneficio municipal de 0,5 unidades tributarias mensuales, aproximadamente $33.000 CLP, a los abstencionistas sin justificación válida.
Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), bajo el sistema de voto voluntario, el 50,9% de la población chilena votó en el Plebiscito Entrada al Proceso Constituyente en octubre de 2020. En contraste, tras el retorno del voto obligatorio, la participación alcanzó el 85,7% en el Plebiscito Constitucional de Salida de septiembre de 2022.
En países como Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, donde el voto obligatorio se aplica con firmeza, la participación electoral se mantiene alta, superando a menudo la de países con sufragio voluntario. De ahí surge una cuestión clave en toda democracia: ¿debe el voto ser una obligación impuesta con sanciones por abstención o una elección libre del ciudadano?
El caso por el voto obligatorio: Legitimidad política y equidad en la participación electoral
El voto obligatorio puede incentivar la participación ciudadana, especialmente cuando existen consecuencias claras para la abstención. Aunque las Constituciones de algunos países latinoamericanos, como Costa Rica, Honduras y México, estipulan la obligatoriedad del voto ciudadano, en la práctica no se aplican sanciones a quienes no sufragan.
En contraste, países como Ecuador y Paraguay imponen multas moderadas por no votar. Otros, como Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, adoptan un régimen más estricto, con sanciones económicas que, si no se pagan, pueden derivar en restricciones administrativas, como la imposibilidad de realizar trámites públicos, acceder a cargos estatales o cobrar beneficios sociales.
En Bolivia, por ejemplo, los ciudadanos sin certificado de votación no pueden cobrar su salario ni realizar operaciones bancarias por 90 días. En Uruguay, los abstencionistas enfrentan multas crecientes y limitaciones como no poder inscribirse en instituciones educativas públicas.
Estas medidas buscan garantizar una participación más alta, amplia y equitativa, reduciendo la desigualdad en el ejercicio del voto. En el caso de las recientes elecciones departamentales uruguayas, la Corte Electoral declaró que votó el 87% del padrón total bajo el voto obligatorio.
Más allá de América Latina, países como Australia, Bélgica, Chipre, Grecia, Luxemburgo y Singapur adoptan sistemas de voto obligatorio. La idea es que la obligación de sufragar implica una representación fiel del padrón y, por consiguiente, otorga legitimidad al vencedor electoral.
Las elecciones federales de Australia de mayo registraron una tasa de participación del 89%. La estructura de las jornadas electorales en el país garantiza la inclusividad: las elecciones se celebran los sábados, los empleados reciben permiso retribuido y se asan "salchichas de la democracia" cerca de los colegios electorales.
En una guía publicada por la Comisión Electoral Australiana se afirma: "El voto obligatorio refleja con mayor exactitud la voluntad del electorado". Este sistema pretende contrarrestar la polarización política y representar a los grupos marginados en el voto electoral.
El voto obligatorio restringe la libertad personal de los ciudadanos: Argumentos a favor del voto voluntario
Aunque el voto obligatorio puede aumentar la participación electoral, también abre interrogantes sobre la libertad individual. ¿Puede considerarse plena una democracia si votar no es una decisión libre? En la mayoría de los países del mundo, el voto es un derecho en vez de un deber cívico. Entre ellos, se encuentran Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, donde la participación es voluntaria y no existen sanciones por abstenerse.
La participación electoral puede ser menor en estos países que en aquellos con voto obligatorio: en las elecciones generales del Reino Unido de 2024, la participación fue del 59,7%, mientras que en las presidenciales de Estados Unidos del mismo año alcanzó el 63,1%.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoce y protege el derecho constitucional a la libertad de expresión en ese país, que también implica el derecho a no expresarse. Desde esta perspectiva, el voto obligatorio podría considerarse una vulneración de esa libertad, ya que abstenerse de votar puede ser, en sí mismo, una forma legítima de expresión política.
Además, la obligatoriedad de votar, reforzada por sanciones para quienes se abstienen, puede provocar un aumento en los votos desinformados o nulos. Un estudio realizado en 2020 por los académicos Alessandro Freire y Mathieu Turgeon en Brasil encontró que cerca del 10% del electorado brasileño reconoce emitir su voto al azar, especialmente en elecciones de menor relevancia mediática, como las de representantes estatales o federales.
Esto revela el fenómeno que muchos ciudadanos cumplen con la ley, pero sin un compromiso real ni información suficiente para tomar decisiones electorales conscientes. Así, la compulsión al voto podría estar influyendo no solo en la cantidad, sino también en la calidad de la participación democrática.
Queda entonces el desafío de equilibrar participación y libertad, para que una democracia no solo cuente votos, sino que también garantice que esos votos representen decisiones informadas y voluntarias.
Además, si bien la participación en las urnas es importante, ¿a qué costo viene el voto obligatorio para la democracia?
