Debate para acelerar inversiones por “permisología”: Se reemplaza el visto bueno de un funcionario por promesa de la empresa

Con un amplio rechazo del ambientalismo y alertas de algunos senadores, está a punto de aprobarse el proyecto de ley que acelera la obtención de permisos sectoriales para proyectos de inversión en el país.

El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados para cerrar su tercer trámite, lo que podría devenir en una Comisión Mixta, aunque se estima que existen los votos para aprobar el texto tal cual está.

Entre las principales modificaciones está la posibilidad de presentar una declaración jurada en vez de una autorización para obtener un permiso y construir un proyecto. La declaración jurada implica que el privado entrega información que acredita que cumple con los estándares, y no necesita una revisión o análisis por parte de autoridades públicas.

Esto ha sido criticado por desde el ambientalismo como una grave regresión ambiental, ya que, aunque el proyecto no modifica el proceso de evaluación ambiental de proyectos, sí tiene efectos sobre 40 leyes que definen cómo el Estado resguarda los bienes públicos, y entre ellos los ecosistemas.

Así, se flexibilizan o se elimina la evaluación para obtener permisos que habilitan a intervenir el bosque nativo o los cuerpos de agua o la instalación de salmoneras, por ejemplo. Se trata de permisos que no corresponden al Servicio de Evaluación Ambiental pero que tienen efectos directos sobre el medio ambiente.

Ante esta preocupación, técnicos de organizaciones ambientales trabajaron en algunas indicaciones para que se exija considerar el riesgo que generan los proyectos a la hora de reemplazar permisos por declaraciones juradas.

A pesar de haberse agregado esta consideración sobre el riesgo, especialistas en legislación ambiental alertan que el proyecto ha ampliado el uso de declaraciones juradas para más tipos de inversión sin importar su magnitud. “El proyecto se fue ampliando desde una lógica de desregulación en su paso por ambas cámaras, lo que desvirtúa la modernización del Estado y significa un retroceso en temas que se creían zanjados”, analiza la politóloga Pamela Poo.

Debilidad institucional

En las últimas sesiones del Senado, parlamentarios como Fabiola Campillai, Alfonso De Urresti y Yasna Provoste levantaron la alerta sobre algunos elementos del proyecto como el silencio administrativo. Esta disposición declara que, si un servicio no evalúa el proyecto en el plazo correspondiente, el proyecto se da por aprobado. Sobre este mismo punto, se agregaron normas para multar con parte del sueldo a los jefes de servicios que se atrasen en los plazos de evaluación.

Un punto muy criticado del proyecto por parte del ambientalismo es que se agregaron exigencias sobre los plazos de aprobación de proyectos sin que haya un fortalecimiento de los servicios que muchas veces presentan atrasos por falta de funcionarios.

El proyecto agrega disposiciones para que los servicios puedan contratar profesionales privados para apoyar en la revisión de proyectos, lo que también ha sido tildado como una privatización del control estatal sobre los bienes comunes, en vez de una oportunidad para fortalecer realmente los equipos técnicos que trabajan en los servicios.