¿Un megapuerto para el 2036 en plena crisis climática?
Chile se enfrenta hoy a un punto de inflexión. En medio de una crisis climática sin precedentes, con tornados insólitos, con sequías estructurales, pérdida acelerada de biodiversidad, crisis de agua y múltiples conflictos socioambientales, desde diversos medios de comunicación se anuncia con fuerza y dudoso optimismo la construcción del Megapuerto en San Antonio, un proyecto de infraestructura que costará más de 2.000 millones de dólares y que recién comenzaría a operar en 2036.
Nos preguntamos: ¿es esta realmente una prioridad nacional? ¿Será que Chile no tiene otros problemas que solucionar?
La inversión pública de esta magnitud no es neutra. Cada peso que se destina a una obra de este tipo es un peso que no se destina a soluciones realmente urgentes: acceso equitativo al agua, restauración de ecosistemas, salud mental comunitaria, educación pública, movilidad sustentable, o adaptación ecológica territorial, y claro bienestar.
El megapuerto se sostiene en un modelo económico que ha mostrado signos claros de agotamiento: la extracción intensiva de recursos para la exportación, la concentración de infraestructura en torno al centro del país y una fe desmedida en que la globalización comercial seguirá expandiéndose linealmente, apostando todo a una industria del transporte carbono dependiente. Todo esto en un contexto internacional donde las rutas marítimas están siendo reconfiguradas por conflictos geopolíticos, riesgos climáticos y nuevas formas de regionalismo económico.
¿No sería más sensato invertir en una transición justa, resiliente y descentralizada? ¿En fortalecer economías locales, infraestructuras verdes, energías limpias comunitarias a escala y proyectos de bienestar social que comiencen a dar frutos hoy, y no en 11 o quizá 20 inciertos años más?
La idea no es oponerse al desarrollo portuario per se. Lo que cuestionamos es el tipo de desarrollo que estamos priorizando, uno que compromete ecosistemas, posterga urgencias sociales y apuesta a un futuro incierto, en vez de responder a las necesidades reales del país que ya somos, y el que podemos ser, si nos atrevemos a cambiar de rumbo.
Por esto, hacemos un llamado a revaluar públicamente la pertinencia del Megapuerto en elactual contexto ecológico y político, en consideración de la contundencia de los datos científicos como el reciente anuncio de la Convención Mundial del Clima (CMC) de que alcanzaremos el punto de no retorno de +1,5 °C de aumento global en sólo cinco años obliga a un cambio radical en nuestras decisiones estructurales.
Exigimos transparencia y participación ciudadana real en la toma de decisiones territoriales, sin persecuciones, y priorizar inversiones que construyan un país más justo, descentralizado y preparado para un emergencia climática sin precedentes.
