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Agencia Uno

Del "deber moverse" al "derecho a moverse": Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte 2024

Por: Rodrigo Soto Lagos | 26.05.2025
Es hora de avanzar hacia políticas que no solo promuevan la salud, sino también la justicia. Que reconozcan que no se trata de "elegir vivir sano", sino de poder vivir bien, en comunidad, con acceso equitativo al espacio, al tiempo y al derecho a movernos.

La reciente Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte 2024, presentada por el Ministerio del Deporte, confirma lo que distintos estudios y voces críticas veníamos advirtiendo hace años: seguimos enfrentando un preocupante escenario de inactividad física, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

Según los resultados, apenas el 26,4% de quienes tienen entre 5 y 17 años cumplen con los niveles mínimos de actividad física recomendados por la OMS, mientras que solo un 44,9% de los adultos lo hace.

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Más aún, el ámbito escolar -que debiera ser el motor de una cultura del movimiento- se alza como el más inactivo, con un 78,4% de estudiantes que no logran alcanzar los 60 minutos diarios sugeridos.

Estas cifras nos interpelan con fuerza. No basta con insistir en la importancia de moverse. La pregunta que debemos hacernos es más compleja: ¿por qué no nos estamos moviendo?

Desde los estudios sociales del deporte que hemos desarrollado en la última década -y que hoy profundizamos con el proyecto Fondecyt 1231837- hemos sostenido que el problema no radica únicamente en la falta de voluntad individual o en la ausencia de programas.

El problema es estructural, y exige una lectura amplia pero situada de los factores que promueven o inhiben las prácticas corporales. No se trata solo de motivar a la población, sino de enfrentar las barreras que impiden que para nuestras niñas y niños moverse sea una opción real, cotidiana y deseable.

Tanto estudios internacionales como los que hemos publicado son claros: las políticas públicas en Chile (y en otros países) han privilegiado un enfoque biomédico e individualista que ha moralizado el cuerpo y las conductas, reproduciendo una lógica de "deber ser saludable" que muchas veces se traduce en culpa, emociones negativas y, aún más grave, autoexclusión de niñas y niños que no se sienten cómodos con la oferta que entregamos como país.

En contraste, desde nuestro enfoque teórico-metodológico -que integra el modelo socioecológico y las perspectivas críticas de los nuevos materialismos- proponemos pensar los ensamblajes que conectan lo humano y lo no humano, lo individual y lo colectivo, lo institucional y lo territorial.

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No se trata de mover cuerpos aislados, sino de activar redes que incluyan a las escuelas, a las políticas locales, a la infraestructura barrial, a los saberes comunitarios, a la arquitectura escolar, e incluso a las tecnologías, alimentos y afectos que configuran las prácticas corporales en la vida cotidiana.

Además, como hemos planteado en investigaciones previas, urge repensar las categorías desde las cuales hablamos de “actividad física”. El concepto de prácticas corporales -proveniente de corrientes latinoamericanas- permite incluir dimensiones expresivas, culturales, afectivas y territoriales que han sido históricamente invisibilizadas por la hegemonía del deporte competitivo y del rendimiento biomédico.

La respuesta no está en imponer 60 minutos más de actividad física desde el deber, sino en crear las condiciones para que el movimiento emerja como derecho y como deseo. Que sea una experiencia de alegría, de goce y de encuentro. Incluso, pensando desde el lenguaje de la escuela, que se use como una herramienta promotora de convivencia escolar, como un remedio para el ausentismo y como una alternativa de aprendizaje de la historia, de matemáticas o del arte y la música.

En ese sentido, valoramos el proyecto de ley que busca integrar tiempo de movimiento adicional en las escuelas, pero advertimos: que su implementación debe ir acompañada de formación docente, participación comunitaria y recursos adecuados. No todas las escuelas tienen las mismas condiciones, y un mandato mal implementado puede aumentar las desigualdades y tensiones dentro del sistema educativo.

Es hora de avanzar hacia políticas que no solo promuevan la salud, sino también la justicia. Que reconozcan que no se trata de "elegir vivir sano", sino de poder vivir bien, en comunidad, con acceso equitativo al espacio, al tiempo y al derecho a movernos. Desde esa convicción, seguiremos investigando, dialogando con las escuelas y construyendo, junto a las comunidades, formas en las que jugar, hacer deporte o caminar, se hagan con alegría y con sentido.

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