Alberto Larraín, psiquiatra y exdirector ejecutivo de Procultura, entidad de la que también es fundador, declaró en marzo como imputado ante la Fiscalía Regional de Coquimbo, a cargo de la indagatoria derivada de los presuntos traspasos de fondos del Estado a esta fundación.

Ello dado que una de las tesis que se maneja es que dineros que fueron a dar a la caja de Procultura podrían haber contribuido al financiamiento de campañas políticas.

Así lo evidenció el saliente Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, cuando pidió interceptar el celular del Presidente Gabriel Boric.

En su declaración ante la Fiscalía, en tanto, Larraín reconoció el financiamiento de campañas políticas, eso sí recalcó que esto fue a título personal, descartando que desde la fundación apuntada se hubieran destinado recursos para candidatos o partidos.

“¿Aportes a campañas políticas ha realizado Ud. o a través de la fundación Procultura?”, fue la pregunta que le hicieron en su declaración ante el Ministerio Público, detalla un artículo de The Clinic publicado recientemente.

Consulta a la que respondió apuntando a una contribución específica. “Lo único que se me ocurre, es lo que declaré la vez anterior, es el aporte a mi pareja Sebastián Balbontín, no tengo detalles del monto aportado, y lo hice a través de terceras personas, amigos, para no tener problemas en mi caso”, dijo refiriéndose a quien fue candidato a alcalde por Limache en 2021, en un cupo de Revolución Democrática, actualmente parte del Frente Amplio.

Poderoso caballero es don dinero...

Pese a que en este caso, las indagatorias todavía se encuentran en curso, sin que exista todavía una resolución judicial, lo cierto es que el financiamiento ilegal de la política no es un tema nuevo en Chile, donde este parece ser parte de un modus operandi que se niega a quedar en el pasado, evidenciándose al parecer, de manera transversal entre políticos de los más diversos sectores de nuestro país.

Y en este contexto, que una de las que también ha sido investigada fue la candidata a gobernadora de Santiago por el extinto partido Comunes, Karina Oliva, quien se presentó a la primera elección de este cargo, correspondiente a los comicios de 2021.

Superada por Claudio Orrego, también cuestionado por el financiamiento otorgado a ProCultura producto de un programa de prevención del suicidio, la cientista política ha sido apuntada tanto por su campaña a gobernadora, como por la que emprendió posteriormente como senadora, a poco tiempo de perder su carrera por llegar al gobierno regional.

De hecho, esta postulación se vio afectada por un escándalo relacionado con presuntos pagos millonarios a asesores durante su campaña a gobernadora, lo que redundó en una serie de críticas y el retiro del apoyo de figuras clave del Frente Amplio, incluido el entonces candidato presidencial Gabriel Boric.

Entre los cuestionamientos a su despliegue como aspirante a cargos públicos, a Oliva se le cuestionó por la presunta emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas en el contexto de la presentación de documentos por servicios no prestados o con montos abultados, para acceder a devoluciones indebidas del Servel y justificar créditos solicitados para su campaña.

¿$50 millones por un desayuno feminista?

A lo que se suma un presunto uso de la Fundación Chile Movilizado, sin actividad real, para emitir facturas por servicios inexistentes, como informes copiados de otras fuentes, a fin de respaldar gastos ficticios en las rendiciones de campaña.

En su despliegue para ser a gobernadora, además, se le apuntó por pagos de más de $135 millones a asesores, incluyendo a miembros de su entonces partido y a su expareja, que terminaron generando sospechas respecto de los servicios prestados.

En medio de este entramado, Oliva admitió que parte de los fondos de su campaña fueron utilizados para apoyar a otros candidatos del Frente Amplio, incluyendo a diputados electos y aspirantes a la Convención Constitucional.

Uno de los episodios más controversiales en este entramado, tiene que ver con una declaración de gastos sin documentación adecuada, entre los que se encontraban $50 millones para una empresa de producción por el “cierre de campaña y desayuno feminista”.

“No existió desayuno feminista por $50 millones. No hay ninguna boleta o factura que esté declarada por 50 millones o emitida hacia mí de un proveedor. Y tampoco hay una solicitud de reembolso (al Servel) por 50 millones”, se defendería luego Oliva, en medio de una entrevista ofrecida a Mega, el año 2022.

Un historial que no termina

Pero a este caso de Oliva, aún pendiente judicialmente, se suman otros ya zanjados en tribunales, cuestionamientos mediante algunos de ellos, contexto en el que destacan Penta, SQM y Corpesca.

Respecto de Penta, se empezó a investigar el 2014 y estuvo enfocado en este grupo financiero chileno, controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. La investigación reveló que la empresa emitía boletas ideológicamente falsas, esto es por servicios no prestados, para financiar campañas políticas, principalmente de la UDI.

Los principales delitos investigados, en tanto, fueron fraude tributario, cohecho (soborno), lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas.

En tanto, la resolución Judicial derivada del juicio abreviado (2018), estableció para los dueños de Penta, Délano y Lavín (tras reconocer los hechos), penas de cuatro años de libertad vigilada intensiva por delitos tributarios y soborno.

Adicionalmente, cada uno de ellos pagó una multa de $857 millones (equivalente a unos 1,3 millones de dólares en ese momento), a lo que se sumó su inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de cuatro años de libertad vigilada, en su calidad de autores de delitos tributarios reiterados.

Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería,también fue condenado, en su caso como como autor de delitos tributarios reiterados e incremento patrimonial injustificado, lo que lo dejó sujeto a una pena sustitutiva de remisión condicional por dos años, mientras que algunos políticos fueron sancionados con multas, y otros terminaron sin condena, debido a prescripción de los delitos o salidas alternativas, como la suspensión condicional de su procedimiento.

"El raspado de olla de Moreira"

Este caso también involucró a un rostro emblemático de la UDI, Iván Moreira, imputado por facilitar boletas ideológicamente falsas para justificar aportes ilegales a su campaña, por un monto cercano a los $35 millones.

Según detalló La Tercera en su momento, el 2013, el militante gremialista le escribió en reiteradas oportunidades a Hugo Bravo, quien entonces era gerente de Inversiones Penta III y responsable de la chequera de este grupo empresarial, para acceder a "colaboraciones" para su campaña a senador.

“Tú crees que se pueda un raspado de la olla para los últimos 100 m de campaña?”, fue parte de lo que le escribió en un correo de octubre de ese año, lo que se tradujo en el traspaso de $ 7 millones, que se sumaron a dineros que ya había recibido previamente de Penta.

En 2017, la Corte Suprema confirmó su desafuero, permitiendo que enfrentara cargos judiciales.

En enero de 2018, evitó el juicio oral vía salida alternativa, lo que se tradujo en el pago de una multa de $35 millones. Llegado febrero de 2019, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, dictó el sobreseimiento definitivo del caso, al cumplirse las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento.

El fallecido Jovino Novoa (UDI) en tanto, también fue investigado y condenado por este caso. De hecho, admitió en su declaración, que en mayo de 2013 sostuvo una reunión con uno de los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano, a quien le pidió ayuda para financiar actividades de campaña en la circunscripción senatorial que representaba, lo que se tradujo en una “donación” de $30 millones.

Y a fines de 2015 el exsenador se transformó en el primer político en recibir condena por financiamiento irregular de campañas, específicamente por delitos tributarios. De esta manera, en un procedimiento abreviado se le impusieron tres años de presidio por delitos tributarios, por la facilitación de boletas falsas al conglomerado empresarial, pena cumplió sin pisar la cárcel y sujeto a firma mensual.

SQM

Previamente, el 2015, se destapó el Caso SQM (Soquimich), investigada por el uso de boletas ideológicamente falsas para desviar fondos desde esta compañía a campañas políticas de diversos sectores, en particular entre 2009 y 2014.

En este entramado, se detectaron pagos a personas ligadas a políticos de distintas coaliciones, especialmente de la Concertación/Nueva Mayoría y Chile Vamos. Ello, vía fondos justificados mediante boletas falsas emitidas por asesores, familiares o cercanos a políticos.

Entre los políticos investigados directamente, y quienes no fueron condenados, se encuentran Giorgio Martelli y Pablo Longueira. Por diversas razones como sobreseimiento de la causa, porque la investigación se cerró por falta de pruebas suficientes, o porque se llegó a suspensiones condicionales del procedimiento.

Y en el caso de Patricio Contesse, quien llegó a ser gerente general de SQM, fue fornalizado por esta causa en el año 2015, lo que motivó la activación de un proceso penal en su contra que se mantiene desde hace una década, sin que todavía se resuelva.

Corpesca

Entre 2009 y 2013, la empresa pesquera Corpesca S.A., controlada mayoritariamente por el Grupo Angelini, efectuó pagos irregulares a políticos para influir en la legislación pesquera, especialmente durante la tramitación de la controvertida Ley de Pesca, también conocida como "Ley Longueira".

Pagos materializados mediante boletas ideológicamente falsas emitidas por asesores o cercanos a los parlamentarios, aparentando servicios no prestados. Dineros que se utilizaron para financiar campañas políticas y otros gastos personales.

Una vez terminada la investigación, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia en el año 2021, siendo el político que recibió la condena más alta Jaime Orpis (exsenador UDI), condenado por seis delitos de fraude al Fisco y dos delitos de cohecho.

Contexto en el que recibió una pena de cinco años y un día de presidio efectivo por fraude al Fisco, además de 600 días por cohecho.

A lo que sumó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y derechos políticos durante el tiempo de duración de su condena. Dejó la cárcel hace dos años, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago le concedió la libertad condicional.

Marta Isasi (exdiputada independiente y ex UDI), también fue condenada en esta causa, por el delito de cohecho, lo que se tradujo en una pena de 50 días de prisión efectiva, que se consideraron cumplidos por el tiempo que estuvo en arresto domiciliario. A lo que sumó una multa por $20 millones de pesos y la suspensión para ejercer cargos públicos por un año y cinco meses.