Mauricio Daza y libertad de Jaime Orpis: “Da pie a todo tipo de especulaciones”
Tras ser condenado a 5 años y un día, por seis delitos de fraude al fisco, y otros 600 días por dos delitos de cohecho, el ex senador de la UDI Jaime Orpis salió de la cárcel el martes de este semana, luego de permanecer un año y cuatro meses tras las rejas.
La salida de Orpis de la cárcel, como suele suceder en este tipo de casos, vuelve a instalar una serie de inquietudes respecto a la justicia, los estándares con que ésta se aplica y cuanto hemos realmente aprendido en el camino.
Mauricio Daza fue querellante en el caso Corpesca y conoce de cerca un caso que junto a SQM y Penta, destapó el mayor escándalo de corrupción sobre financiamiento irregular de la política y que terminó con apenas un político en prisión. Garantizar esas condiciones de impunidad, asegura Daza, fue “el legado más oscuro que deja Jorge Abbott”.
-¿Qué sensación te dejó la libertad condicional de Jaime Orpis?
Bueno, la verdad es que da pie para toda clase de especulaciones. Hay que recordar que en Chile las libertades condicionales son decididas por un comité, que en el caso de la Región Metropolitana está integrado por un ministro de Corte de Apelaciones, más 10 jueces de garantía o de tribunal oral en lo penal. Tienen que evaluar distintos antecedentes, entre ellos, un informe de Gendarmería que si bien no es vinculante, contiene un conjunto de antecedentes que dan cuenta de la posibilidad de reinserción de una persona que está cumpliendo una pena privativa de libertad...
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-De hecho, la solicitud anterior fue rechazada por un informe que cuestionaba una cierta orientación “procriminal” de Orpis…
Claro, ese informe de Gendarmería que no es vinculante para la comisión de libertad condicional, sí es un insumo importante. Y en ese caso específico, decidió negar la solicitud de Jaime Orpis para acceder a ese beneficio. En ese contexto, su defensa recurrió a través de amparo a la Corte de Apelaciones y una sala integrada por tres personas dio vuelta finalmente esa decisión, ordenando que se le concediera la libertad condicional. Entonces, llama la atención que una sala de tres personas pueda ir en contra de la decisión adoptada por mas de 10 jueces. Obviamente, es una situación llamativa que deja un sabor amargo y puede generar toda clase de especulaciones.
-Este caso se presta para analizar otra dicotomía. ¿Si hay una justicia distinta para ricos y pobres?
Bueno, sin duda la forma en que finalmente se concedió el beneficio de libertad condicional a Jaime Orpis, reafirma la idea bastante extendida de que existen, en la práctica, distintos tipos de justicia. Todas ellas aplicables, según sea el estrato socioeconómico. Lo que no me parece bueno para la legitimidad de nuestro sistema judicial, en general, y del sistema de persecución penal, en especial. Aunque la libertad condicional es una medida que ha demostrado ser bastante útil para los efectos de la reinserción social, el problema radica en otro ámbito: la forma en que estos beneficios se conceden. Especialmente en casos relacionados con hechos de corrupción, donde han existido ámbitos muy importantes de impunidad históricamente, por lo menos para altas autoridades y grandes empresarios.
-¿Y que haya estado preso en el anexo Capitán Yáber tampoco es un privilegio?
Bueno, la verdad es que tiene que ver con la segregación que realiza Gendarmería respecto a la población penal. Y no estoy en contra de aquello. Creo que más que transformarse en una venganza, la condena por un delito debe transformarse en un espacio donde la persona pueda reinsertarse de una manera efectiva. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad que a mí no me molesta que Jaime Orpis haya estado en Capitán Yáber, cumpliendo una pena allí como muchas personas que han sido condenadas a delitos equivalentes.
Hace años comentaste en Twitter que cuando se querellaron en contra de Corpesca y Jaime Orpis, los trataron de “ilusos y temerarios”. ¿Qué piensas ahora de esta afirmación?
Bueno, efectivamente nos acusaron de ilusos y temerarios, lo que no significa que lo hayamos sido. La verdad es que teníamos la confianza que existían antecedentes suficientes para poder imputar, no solamente los delitos de fraude al fisco sino también de cohecho en la discusión de la Ley de Pesca. Lo mismo ocurrió con el resto de las causas que, en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, me tocó representar y que se vinculan al caso Penta, Corpesca y SQM. Hay que recordar, además, que hubo muchas aristas las cuales quedaron en la más absoluta impunidad, a pesar de que existían antecedentes iguales o incluso más fuertes que los que expusimos en el contexto del juicio Corpesca.
-Como el caso de las pesqueras del sur, particularmente Asipes, la Asociación de Industriales Pesqueros del BíoBío.
Claro, en las imputaciones vinculadas a Asipes, a medida que esta causa empezó a avanzar de una manera decidida, siento que se concretó una operación de impunidad al interior de la Fiscalía.
-Has hablado en otras oportunidades sobre intentos de desmantelar el caso, como también en SQM y Penta.
Eso da cuenta que nuestras instituciones, en muchos sentidos, no resisten una prueba de materiales cuando son colocadas bajo presión, y esto afecta los intereses de altas autoridades y dueños de grandes grupos económicos. Y eso lo vimos en este conjunto de causas vinculados al financiamiento ilegal de la política. Acá el caso SQM, en una arista muy importante, se desmanteló al poner un fiscal que lo único que realizó fue dividir en pequeños pedazos un caso que tenía una implicancia transversal en la política. Y así empezó a matarlos, uno a uno.
-El fiscal Pablo Gómez...
Gómez fue designado por el fiscal Jorge Abbott, quien fue nombrado en un contexto en que el Senado debía ratificar el nombre, remitido por el Ejecutivo, donde aparecían personas vinculadas con este caso. Y bueno, eso se hizo a vista y paciencia de toda la ciudadanía. En una operación de impunidad que fue bastante grotesca, pero que no hubo ninguna duda en ejecutarla para que no se esclareciera la verdad respecto a esta red de financiamiento ilegal. El tema no era sólo proteger a determinados nombres, sino que no se descubriera todo lo que realmente ocurrió.
-Y en esta estrategia de impunidad, ¿qué representó Orpis?
Bueno, yo creo que representó una excepción. Más que la hipótesis de que la clase política dejó caer a uno de sus miembros, lo relevante fue el esfuerzo decidido de un grupo de fiscales de excepción. Resistieron muchas presiones y lograron levantar este caso y llevarlo a juicio. Este es el equipo de la Unidad de Delito de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte del Ministerio Público, liderada por la fiscal Ximena Chong. Yo diría que en ella radica parte del mérito y también en los fiscales regionales que dejaron que esto se pudiese concretar: Andrés Montes y después Javier Armendáriz.
-Cuando Orpis dice "hice lo que todos hicieron", en el fondo reconoce que es culpable, pero no el único.
Cuando Orpis declara y señala aquello que todos lo hacían, me recuerdo que al momento en que tenía que hacerle las preguntas le señalé, derechamente, que revelara los nombres de aquellas personas a las cuales él hacía referencia. Y, en ese momento, no fue la defensa de Jaime Orpis ni la de otros imputados los que me impidieron hacer la pregunta, sino el Tribunal de Oficio. Eso, obviamente, no tenía ningún tipo de justificación.
-Pero el fondo del asunto se mantiene, ¿debieron haber más políticos acompañándolo?
Absolutamente, nosotros nos querellamos en contra de un conjunto de personas de distintos ámbitos políticos, no solamente Jaime Orpis. También el ex senador Jorge Pizarro, Fulvio Rossi, personeros de todas las tiendas políticas. Lamentablemente se prefirió tapar estas causas. Yo creo que ese es el legado más oscuro que deja Jorge Abbott: garantizar las condiciones para estas acciones de impunidad, afectando la credibilidad del Ministerio Público. Y ese es uno de los desafíos que tiene la institución para los efectos de enmendar ese enorme daño.
-¿Crees que los casos de cohecho tuvieron un antes y un después luego de la condena de Orpis?
Sin duda se trata de la condena más importante que se ha obtenido en tribunales respecto de un delito de cohecho. Yo creo que existe una necesidad de innovar, no solo cómo el sistema de persecución penal enfrentaba estas causas, sino respecto de la necesidad de reformar las normas que castigan este tipo de delitos. Y eso, finalmente, dio pie a que obtuviéramos una nueva legislación, en noviembre del año 2018, que aumenta las penas y amplía las hipótesis de delitos de corrupción. Un escenario mucho más favorable para poder combatir la corrupción y la evidente impunidad que se instaló respecto de todos estos casos.
-¿Sientes que se entendió, finalmente, que este tipo de delitos son un atentado contra la democracia?
Sí, yo creo que se derribó de alguna manera esa idea un poco chovinista y bastante injustificada, en cuanto a que Chile era una excepción dentro del ámbito latinoamericano respecto a la corrupción, como un fenómeno excepcional, que afectaría a autoridades de menor rango. En este caso se pudo revelar una red de financiamiento que operó durante largo tiempo, donde grupos económicos tenían capturados a importantes dirigentes políticos.
-¿Cómo ves el desafío de generar una nueva ley de pesca en el Congreso, dimensionando todo lo que ha pasado?
Yo veo que es bastante difícil que se cambie al breve plazo la Ley de Pesca. No se observa que exista una voluntad en ese sentido. Y esto va generando una gran contradicción porque tenemos una causa criminal, donde fueron condenados dos parlamentarios, el ex senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi, por delitos de corrupción relacionados a la tramitación de este proyecto que finalmente se transformó en ley. Y a pesar de esa condena, Corpesca sigue recibiendo los beneficios que se gestionaron ilícitamente a partir de esa normativa. Algo similar ocurre con el caso de SQM, donde está imputado Pablo Longueira y se obtuvo un beneficio de Royalty Minero que sigue vigente, a pesar de todos los antecedentes que dan cuenta que habría gestionado una serie de incentivos económicos a entidades cercanas a él.
-¿Crees que se han generado los mecanismos para que no se vuelvan a repetir este tipo de casos de corrupción?
Yo creo que no, porque una cosa son las leyes y otra, completamente diferente, son las prácticas institucionales de las entidades llamadas a hacer cumplir las leyes y, desde esa perspectiva, yo no veo que existan mejoras en ese ámbito. Y, por lo tanto, más allá de las modificaciones que han ampliado los supuestos de delitos de corrupción y han aumentado las penas, hay que ver si es que finalmente esto se traduce en una persecución penal eficaz que vaya reduciendo de manera significativa los espacios de impunidad.
-¿Qué enseñanza te dejó el caso Corpesca?
Uff… que siempre vale la pena navegar en contra de la corriente y que aún cuando existan muchas dificultades para poder perseguir delitos de corrupción, respecto de personas que forman parte del poder real en nuestro país, siempre hay espacios para poder establecer mejoras sustantivas que permitan contar con un estado de derecho en forma, que responda a los estándares propios de una democracia del siglo XXI, cosa que a mi juicio todavía estamos lejos.
