“Gobierno del todo vale”: Marcel anuncia nueva medida para acelerar inversiones con impacto ambiental y despierta críticas
En medio de un ambiente de confrontación con el mundo ambientalista por proyectos de ley que buscan flexibilizar la obtención de permisos ambientales para inversiones, el ministro de Hacienda Mario Marcel anunció otro instrumento que presentará el gobierno para acelerar proyectos: un fast track para iniciativas que estén más avanzadas en su tramitación, o que sean “suficientemente significativas en materia de sus dimensiones o de su impacto en el medio ambiente”.
No existen hasta ahora más detalles de la propuesta, que será anunciada en profundidad por la cartera en los próximos días. Pero mientras grupos empresariales felicitaron el anuncio, organizaciones sociales y representantes del derecho ambiental y la academia miran con alerta lo que algunos han denominado “motosierra ambiental”, que recortaría la capacidad del Estado para prevenir el daño ambiental generado por proyectos de inversión.
“Gobierno del todo vale”
Desde organizaciones ambientalistas locales hasta grandes ONGs con años de trayectoria y presencia en todo el país han coincidido en declarar que la promesa de ser el primer gobierno ecológico del país no se ha cumplido, y que la presión por acelerar las inversiones está llevando a reducir los estándares ambientales que le exige el país a las actividades económicas.
“Los proyectos de inversión, sobre todo los más grandes y que generan impactos significativos al ambiente, deben ser evaluados en el tiempo que corresponda. Vemos que la agenda de la mal llamada permisología que impulsa el gobierno y los sectores productivos, está funcionando como una maquinaria para rebajar estándares ambientales”, critica Carolina Palma, coordinadora de incidencia de la ONG de derecho ambiental FIMA.
“Cualquier debate, por más rápido que sea, exige que esa rapidez no vulnere principios con los que Chile se ha comprometido, como el desarrollo sustentable y las variables ambientales y sociales del crecimiento económico. También debe mantener una coherencia con normativas como la Ley Marco del Cambio Climático, que exige incorporar aspectos sobre la crisis climática justamente en las inversiones”, alerta por su parte la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Pilar Moraga.
Otros han criticado que este anuncio se suma a los proyectos de ley que está tramitando el Congreso para acelerar la evaluación ambiental de inversiones, y que han sido fuertemente criticados por el mundo ambiental. “Marcel anuncia un fast track para proyectos de inversión avanzados en su tramitación. ¿Cómo es la cosa? Es por ley o es sin ley. Ya no se entiende nada. El gobierno del todo vale” se lamenta en sus redes la experta en políticas públicas y medio ambiente, Pamela Poo.
“La pregunta de fondo para el ministro es saber si él está dispuesto a hacer cumplir y respetar la legislación vigente, pues más allá de sus deseos tenemos una institucionalidad ambiental que no ha sido modificada y su deber es funcionar con apego a la ley”, comenta en la misma línea la directora de la fundación Terram, Flavia Liberona.
¿Permisología o motosierra?
El anuncio se da en medio de tensión y marchas de cientos organizaciones ambientales de todo el país, que han firmado cartas y protestado frente al Congreso, criticando los proyectos para acelerar los permisos para proyectos de inversión.
Muchos de quienes protestan veían el proceso de reformas con esperanza, porque estas leyes abrían una oportunidad para fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar los procesos. Pero sostienen que las leyes han adquirido un tinte contrario, debilitando los controles ambientales para que sea más fácil invertir.
Usan para criticar esta situación el término de “motosierra ambiental” , tomado de Argentina, donde el gobierno de Javier Milei está ejecutando el criticado “plan motosierra”, donde busca reducir al Estado al mínimo, eliminando servicios públicos y recortando drásticamente el gasto fiscal.
Así, las organizaciones se contraponen al concepto de “permisología” que ha sido usado históricamente por el empresariado para criticar la evaluación ambiental de proyectos de inversión, y que ha sido adoptado por el gobierno de Gabriel Boric para impulsar estos proyectos de ley, profundizando la división con el ambientalismo.
