Motosierra: Organizaciones usan concepto de Milei contra Boric por debilitar control ambiental en vez de mejorarlo
Convocando a marchas y protestas, organizaciones ambientales de todo el país están usando el concepto de “motosierra ambiental” para criticar las leyes que se están tramitando en el Congreso, impulsadas por el gobierno de Gabriel Boric para acelerar inversiones económicas.
Muchos de quienes protestan veían el proceso de reformas con esperanza, porque estas leyes abrían una oportunidad para fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar los procesos. Pero sostienen que las leyes han adquirido un tinte contrario, debilitando los controles ambientales para que sea más fácil invertir.
Desde organizaciones locales hasta grandes ONGs con presencia nacional, abogados, especialistas en políticas públicas e incluso diputados y senadores han compartido la misma preocupación, alertando que se está cediendo ante las presiones del empresariado.
Motosierra y permisología
El término acuñado por las organizaciones es tomado de Argentina, donde el gobierno de Javier Milei está ejecutando el criticado “plan motosierra”, donde busca reducir al Estado al mínimo, eliminando servicios públicos y recortando drásticamente el gasto fiscal.
Así, las organizaciones se contraponen al concepto de “permisología” que ha sido usado históricamente por el empresariado para criticar la evaluación ambiental de proyectos de inversión, y que ha sido adoptado por el gobierno de Gabriel Boric para impulsar estos proyectos de ley, profundizando la división con el ambientalismo.
¿Cómo se debilita el control ambiental?
El proyecto de ley que ha cobrado la atención de las organizaciones en la última semana por su avance, es el que busca acelerar la obtención de permisos sectoriales. Acusan que este proyecto reemplaza los permisos por declaraciones juradas donde no hay una evaluación ni una forma clara de fiscalizar si las promesas en estas declaraciones serán cumplidas.
Otro aspecto criticado es que el proyecto no fortalece los servicios públicos con recursos humanos o económicos, pero declara que, si un organismo no revisa un proyecto en el plazo estipulado, este se entenderá por aprobado a pesar de no haber sido analizado por ningún funcionario.
El reemplazo de permisos por declaraciones juradas también se incorporó al proyecto de ley de reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que forma parte de la agenda de permisología impulsada por el gobierno.
Los proyectos también han sido criticados por crear instancias para acelerar inversiones que sean consideradas como estratégicas por el gobierno de turno. Así, acusan que queda abierta la puerta para que se ejerza presión a los organismos evaluadores, para acelerar la aprobación de ciertos proyectos según criterios políticos y no técnicos.
También se han criticado en la misma línea otros proyectos como el de concesiones marítimas, apuntado por usar el concepto obsoleto de borde costero y por colocar el uso privado de la costa para proyectos extractivistas por sobre los esfuerzos para proteger los ecosistemas costeros o el uso y disfrute de los bienes comunes en la costa.
