Codificación de la hormona antimulleriana por Fonasa: ¿Política pública o marketing?
La hormona antimulleriana, disponible como examen de laboratorio para evaluar el potencial reproductivo de mujeres con infertilidad, recientemente se anunció como nueva incorporación al arancel de prestaciones de Fonasa, lo que estandariza el cobro de la prestación para las personas pertenecientes al seguro público de salud y obliga a las Isapres, a dar cobertura a esta prestación, de acuerdo con las condiciones particulares de cada plan de salud.
La mejor evidencia científica disponible en la actualidad indica que la utilidad de este examen es para mujeres en estudio de infertilidad, para evaluar la probabilidad de éxito en un ciclo de estimulación ovárica controlada. Asimismo, está claro que su potencial para predecir la probabilidad de un parto es bajo y en ningún caso se debe utilizar para excluir personas de programas de reproducción asistida.
En algunos países, como Australia, Canadá, Inglaterra, India, Irlanda o Estados Unidos se ha utilizado de forma errónea, mediante pruebas autoaplicables que se pueden comprar en la farmacia o en línea. Sin embargo, es un examen médico que no debe ser solicitado ni interpretado sin la asistencia de un profesional que maneje el tema.
En este contexto, llaman la atención avisos de diversas fuentes a realizar “chequeos de fertilidad preventivos” basados en la medición de este parámetro, que desvían la atención de lo realmente importante: el principal factor de éxito en fertilidad es la edad de la mujer.
De hecho, la evidencia científica también indica que los niveles de esta hormona en mujeres sin infertilidad no se correlacionan con el potencial de fertilidad futura, ni permiten estimar un intervalo de tiempo para lograr embarazo. Por este motivo, no deberían utilizarse para este fin.
Debemos preguntarnos: ¿qué es lo realmente importante? En mi opinión, lo es otorgar cobertura a tratamientos que son la única posibilidad de formar familia a quienes lo requieren.
La política pública debe estar dirigida a establecer servicios de creación familiar, disponibles a nivel nacional, y generar incentivos que permitan que las familias que así lo deseen no vean como un castigo tener hijos, tal como ocurre en la actualidad, con desincentivos financieros, impositivos, de cobertura sanitaria, escolaridad, entre otros.
Estos servicios podrían estar a cargo de matronas y médicos generales a nivel de la atención primaria de salud, trabajando bajo protocolos del nivel central y con derivación expedita a especialistas en caso necesario.
Un buen avance sería que Fonasa codificara la ovodonación, que tiene un costo aproximado de $6 millones por ciclo, el que debe ser cubierto íntegramente por la mujer interesada e incluye una compensación de aproximadamente $1 millón para la donante.
También lo sería incluir cobertura a los medicamentos requeridos para realizar los ciclos de estimulación ovárica, por ejemplo, a través de las Garantías Explícitas en Salud (GES). Pero de eso, nada.
