La tercerización de la seguridad en Chile: "The Maduro's outsourcing"
Recientemente la PDI salió a celebrar que desbarató a la “banda de los Tiguan”: robaron vehículos en Santiago, les cambiaron la cara con papeles nuevos y los mandaron a Venezuela como si fueran encomiendas de lujo. Hasta aquí, nada que no haya pasado antes. Lo que llama la atención es el “detalle” que ellos mismos destacaron: lo lograron gracias a la coordinación con OCN Interpol Caracas.
Coordinación con Venezuela, no con Suiza, ni con un país nórdico obsesionado con la transparencia: con Venezuela. El segundo país más corrupto del planeta, según el Índice de Percepción de Corrupción 2024.
Un Estado donde, según Transparency Venezuela, las economías ilícitas movieron unos USD 9.400 millones en 2022, el equivalente al 16% de su PIB. Y eso después de haber llegado a 21% en años previos. Narcotráfico, contrabando y tráfico de oro no son delitos allá: son líneas del presupuesto estatal.
Estados Unidos recién duplicó la recompensa por Nicolás Maduro a USD 50 millones, acusándolo de liderar el Cartel de los Soles y de asociarse con megabandas como el Tren de Aragua. Y en medio de eso, nosotros confiamos en que Interpol Caracas nos ayude a frenar un delito acá. Es como dejarle las llaves de la bodega al tipo que sale en las cámaras robando.
Y si esto le parece una teoría conspirativa a lo Orson Welles, piense en el caso del Teniente Ronald Ojeda. Exmilitar venezolano, opositor a Maduro, secuestrado y asesinado en Santiago. Un testigo lo vinculó con órdenes de Diosdado Cabello, el primer o segundo hombre fuerte del chavismo (todavía no se sabe). No es una anécdota para sobremesa, es una muestra de que, allá, las redes criminales y estatales no solo se cruzan… a veces son la misma calle.
En este escenario, la PDI dice que recibe “consultas” de Interpol Caracas sobre vehículos que intentan entrar a Venezuela. Traducción: para frenar un robo aquí, dependemos de que allá, un aparato estatal que pareciera vivir de economías ilegales nos diga la verdad y actúe. Ahora resulta que la baja de la delincuencia en Chile depende, en parte, de lo que decida Maduro. Y ese sí que es un plan maestro.
Sume a la ecuación el Decreto 3.788 (2019), que permite importar autos de hasta cinco años a Venezuela. Sobre el papel, es modernizar el parque automotor sin inversión, en la práctica, es una alfombra roja para las bandas: roban aquí, cruzan por pasos andinos, falsifican papeles y llegan a un mercado que los recibe como si fueran importaciones legítimas. Una línea perfecta para cualquier manual de crimen transnacional: “si no puedes venderlo allá, tráelo, nosotros te lo recibimos”.
Y aquí viene la parte que nadie dice en voz alta: ojalá los funcionarios chilenos que participan en esta “coordinación” no terminen adoptando la misma lógica. Porque todos sabemos cómo funciona, pon tomates podridos en una cesta y los demás se pudren. Dime con quién andas y te diré en qué decreto apareces.
Si Chile necesita de Caracas para frenar este delito o cualquier otro, lamento decirles, estimados, que no estamos frente a un avance en seguridad. Estamos frente a una rendición con papeles firmados.
