La reunificación familiar y el rol del Estado: El caso de los vuelos “charters” de ciudadanos haitianos
En los últimos días la atención pública ha vuelto a centrarse en la comunidad migrante, en particular respecto al ingreso de ciudadanos haitianos al país mediante vuelos privados, amparados en la visa de reunificación familiar.
Esta situación ha reactivado el debate sobre la conveniencia de seguir recibiendo migrantes, alimentado por discursos que los vinculan con el aumento de la inseguridad, la presión sobre los sistemas públicos de salud y educación, y sospechas sobre clientelismo político o financiamiento irregular por parte de mafias extranjeras. Sin embargo, este tipo de polémicas suele desviar la atención del verdadero fondo del asunto: el rol que debe asumir el Estado frente a estos procesos.
En un mundo globalizado, caracterizado por el flujo constante de información, bienes y personas, los procesos migratorios son una manifestación natural de dicha dinámica. En este contexto, es importante comprender que migración y globalización son fenómenos íntimamente ligados, como señalan Castles y Miller (2009): “la migración internacional se ha convertido en una parte intrínseca de la globalización y es poco probable que se revierta, incluso ante políticas migratorias restrictivas” (p. 5).
Desde esta perspectiva, se vuelve imprescindible contextualizar adecuadamente la reunificación familiar como parte de los procesos migratorios contemporáneos. La Ley N°21.325 sobre migración y extranjería, promulgada durante la segunda administración de Sebastián Piñera, reemplazó una normativa heredada de la dictadura militar que resultaba obsoleta frente a los desafíos actuales.
Esta ley introdujo regulaciones que aproximan a Chile a estándares internacionales, entre ellas, la visa de reunificación familiar. Esta permite a ciudadanos y residentes en el país solicitar la residencia temporal para familiares directos como cónyuges, parejas, padres e hijos menores de edad.
Esta disposición no es arbitraria, sino que responde al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Chile, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990), ratificada en 2005. Por ello, frente a discursos que ponen en duda la legitimidad de esta política, es fundamental analizar con seriedad el rol que le compete al Estado.
En primer lugar, es esencial que el Estado de Chile honre sus compromisos internacionales. El derecho a la reunificación familiar no solo responde a principios humanitarios y éticos, sino también a la imagen internacional del país como garante de los derechos humanos.
Vulnerar este principio no solo tendría consecuencias negativas en términos de credibilidad, sino también implicaciones políticas y económicas, por lo cual intentonas como el de un grupo de diputados de restringir este elemento mediante un proyecto de ley, solo va en desmedro de la imagen internacional del país.
En segundo lugar, frente a las acusaciones -hasta ahora poco fundamentadas- sobre el financiamiento de los vuelos privados por parte de redes criminales o intereses políticos, es imprescindible que el Estado active sus mecanismos de control.
La Contraloría General de la República, tal como ha anunciado, debe realizar las investigaciones pertinentes, y las policías deben actuar con diligencia frente a posibles amenazas de grupos prestamistas o mafias que puedan vulnerar los derechos de las personas migrantes y sus familias.
Otro aspecto clave es la necesidad de implementar políticas públicas de integración más robustas. Hasta ahora, estas han sido escasas o fragmentadas. No basta con medidas idiomáticas limitadas; se requiere una estrategia integral que incluya la inserción laboral formal, el acceso efectivo a la educación, la salud y el respeto intercultural.
Finalmente, el fortalecimiento del Estado en territorios con alta densidad migrante resulta crucial, tanto para mejorar la prestación de servicios públicos como para disminuir las tensiones con las comunidades locales.
Solo a través del cumplimiento riguroso del rol estatal, con políticas integradoras, control efectivo y coherencia normativa, será posible enfrentar los discursos que bordean la xenofobia y consolidar una visión de país donde la reunificación familiar no sea motivo de sospecha, sino una expresión natural de una sociedad diversa y multicultural, acorde a los desafíos del siglo XXI y del mundo globalizado al cual pertenecemos.
Referencias:
Castles, S., & Miller, M. J. (2009). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World (4th ed.). Palgrave Macmillan.
Ley N° 21.325 sobre Migración y Extranjería. (2021, 20 de abril). Diario Oficial de la República de Chile. Chile.
