
Revés para el Ministerio Público: Suprema ordena devolver celular incautado a ministro Mery por "información inconexa"
La Corte Suprema ordenó devolver las especies incautadas al ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery Romero, luego de que su celular fuera pesquisado como parte de las indagatorias del nombramiento de jueces del caso Hermosilla.
El recurso de amparo presentado por la defensa de Mery fue acogido por el máximo tribunal sosteniendo que el Ministerio Público actuó de forma "injustificada y poco prolija" al solicitar el allanamiento de la oficina de alguien que se encontraba en calidad de "testigo" de la causa y no como imputado.
Fue el 24 de marzo pasado que por orden del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, a solicitud de la Fiscalía de O'Higgins, autorizó el allanamiento y la incautación de artefactos del domicilio y oficina del ministro Mery.
De acuerdo a lo expuesto por su abogado, Matías Künssemüller, un fiscal del Ministerio Público junto a cinco funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) amenazaron a Mery con restringir su libertad personal, "tal como si se hubiese procedido respecto de un sujeto que detentaba la calidad de imputado", relató.
La medida fue solicitada por el fiscal de O'Higgins, Javier von Bischoffshausen, como parte de la investigación por los nombramientos de jueces en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y otros involucrados a raíz de los chats con Hermosilla.
Sin embargo, el fiscal a cargo no pudo acceder al expediente de Mery debido a que el ministro se encontraba en calidad de testigo.
Hecho que llevó a su abogado a presentar un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones -que fue rechazado-, para luego acudir a la Corte Suprema.
Golpe al Ministerio Público
El fallo del máximo tribunal sostiene "una evidente falta de prolijidad en la confección de la solicitud demandada por la Fiscalía", pues sabiendo que el ministro Mery era testigo de la causa el ente persecutor actuó de forma "inconexa".
Acción que generó "una inaceptable ambigüedad" que además de inducir a la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a resolver, también se adoptó un "procedimiento policial lesivo de garantías fundamentales del amparado".
En ese sentido, la decisión de la juzgadora "se apoyó netamente en la criticada presentación hecha por la Fiscalía", quien fue convencida de que Mery era imputado de la causa.
Por lo tanto, su dictamen fue motivado por "supuestos inexactos y disconformes con la realidad, transformándola automáticamente en una resolución inválida por falta de fundamentación", establece el fallo (rol 12.292-2025).
Por lo tanto, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones y dejó sin efecto lo resulto por el Cuarto Juzgado de Garantía, ordenando al Ministerio Público devolver los artefactos incautados al ministro Mery.